“LA IMPORTANCIA DEL DÉFICIT PÚBLICO”.
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina
El déficit representa un desbalance en la actividad económica de una persona, de una institución, de una empresa, o incluso del Gobierno. Cuando hablamos de déficit reconocemos que los ingresos que obtendremos son insuficientes para cubrir las necesidades de gasto. Por lo general, este desbalanceo se cubre adquiriendo deuda cuyo propósito es re nivelar y satisfacer las necesidades inmediatas que no pudieron ser cubiertas con los ingresos ordinarios.
Si usted utiliza tarjetas de crédito entenderá muy bien lo que representa el financiamiento a partir de agentes externos. Utilizamos el crédito bancario para comprar comida, para pagar algunos servicios, para obtener satisfactores inmediatos que nos permitan mantener cierto estilo de vida, ciertas condiciones de supervivencia y sobre todo genera apoyos a las carencias y limitaciones que a veces nuestras estructuras salariales no permiten generar. La deuda que adquirimos, sin embargo, representa una obligación a futuro porque debe ser cubierta en plazos y cantidades establecidas previamente, que de no serlo, generan una penalidad adicional que acaban en un mayor déficit que aquél que dio origen a la necesidad del endeudamiento.
En las finanzas públicas el escenario no resulta tan diferente. Prácticamente todos los gobiernos, de cualquier ideología u orientación recurren a la deuda como un instrumento de financiamiento que les permite mantener a flote las finanzas y garantizar la prestación de servicios públicos. El problema de la deuda es la capacidad de pago que los deudores adquieren al obtenerla pues ésta debe ser proporcional a lo que sus finanzas pueden soportar pues un débito, por sí mismo no genera necesariamente valor a corto plazo. Y esta es la clave para ponderar cuándo se debe adquirir deuda y cuándo debemos advertir, estamos frente a un mecanismo de financiamiento de políticas públicas que no generan resultados.
El artículo 117 de nuestra Constitución en su fracción VIII establece de inicio la prohibición de contratar deuda por parte de las Entidades Federativas, pero no por el Gobierno Federal, reconociendo que la deuda es un instrumento de financiamiento del gasto público tan importante como los son los impuestos, aunque desde luego con una perspectiva diferente y con un propósito diverso también pues mientras los impuestos son ingresos sanos que no precisan un retorno financiero, la deuda por definición debe ser devuelta al acreedor siempre con un pago extra derivado del costo del dinero, que en términos sencillos se traduce en el costo por financiamiento.
Este es el punto clave para entender el déficit público. La deuda que adquiere el Gobierno hoy tiene dos componentes muy importantes, el primero, la que se contrata para financiar proyectos específicos, construcción de infraestructura, mejoramiento de vías de comunicación, mantenimiento correctivo de instalaciones estratégicas, entre otras. Junto a esta existe otra deuda que se adquiere como un mecanismo de refinanciamiento o de sustitución de una deuda previa que no fue pagada en tiempo. Ésta, la que deviene del refinanciamiento es la que pesa con mayor fuerza en el diseño de las finanzas públicas.
La deuda por refinanciamiento supone analizar la capacidad de un gobierno respecto a las condiciones objetivas que privan en el mercado nacional e internacional pero también representa evaluar la percepción que de ese país se tiene entre quienes adquieren deuda de gobierno. Es decir, habrá inversionistas mayormente interesados en adquirir deuda de países en los que la solidez de sus finanzas represente un mayor elemento de confianza que aquellos que por condiciones políticas, sociales e incluso culturales no puedan satisfacer las mismas perspectivas de respuesta.
El tema viene a cuento en razón de que en el Presupuesto de Egresos para el próximo año (2024) el Gobierno Federal solicita la aprobación de un monto que no tiene comparación en la historia de las finanzas públicas en México, más de 9 billones de pesos para un solo ejercicio. El problema es que el propio Gobierno reconoce, lo cual en principio es de agradecerse, que de esos 9 billones únicamente tiene capacidad para generar un poco más de 7. De ahí, que ha solicitado al Congreso de la Unión un techo de deuda cercano a los 1.8 billones de pesos lo que nos habla que el déficit en las finanzas públicas se torna realmente cuantioso. Aún cuando el Gobierno Federal acepta que el monto de deuda solicitado es importante, arguye en su favor dos cuestiones: la primera, que durante la administración del presidente López Obrador no ha hecho un uso excesivo de este medio de financiamiento del gasto; y la segunda, que esta deuda es inusual porque los fines que pretenden alcanzarse están vinculados a la consolidación y la terminación de la obra pública del Estado. Sin embargo, es importante analizar el contexto.
En primer lugar es pertinente apuntar que México mantiene un nivel de endeudamiento menor que el de otros países pues a partir del año 2020 en que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) azotó el mundo, muchas economías optaron por obtener fuentes de financiamiento a través de deuda para apoyar actividades productivas y enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Como sabemos, el Gobierno Mexicano no generó apoyos adicionales a la economía privada por lo que hoy mantiene un nivel favorable de deuda en comparación con otros países.
Es cierto que la deuda pública es un tema que enfrentan todos los países. Para algunos representa mayor peso que para otros. ¿Por qué? Porque las condiciones y características de su origen, de su aplicación y la capacidad de pago suelen ser los componentes que definen el peso específico del endeudamiento. La deuda es manejable en la medida que el propio Estado genera mecanismos que permiten el control de su volumen frente a la generación de riqueza, los vencimientos y los efectos que estos pueden generar a corto y a mediano plazo.
A partir de estos antecedentes, el déficit fiscal que plantea el Gobierno Federal para el ejercicio 2024 representa un tema que de no ser analizado cuidadosamente seguramente dejará secuelas muy importantes en los próximos años. Mire usted, de aprobarse un financiamiento cercano a 1.8 billones de pesos, uno de cada cinco pesos utilizados para cubrir el Presupuesto de Egresos tendrá como origen la nueva deuda, es decir, el 20% el Presupuesto se estaría financiando con deuda. Este no es un dato menor pues representa el costo más alto de deuda en lo que va del siglo XXI.
El problema no termina ahí pues el peso de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) generará que las nuevas obligaciones fiscales que nuestro país adquiera alcancen el 49% del PIB en los próximos años. Y si ello lo comparamos con lo que se produce en el país como ingresos propios, el tema es aún más preocupante. La recaudación por impuestos y otros créditos fiscales federales representa apenas el 20% del PIB. Si la deuda llega a niveles cercanos del 50% del PIB ni con más de 2 recaudaciones cubriríamos el monto de la deuda. Este es el tema clave en el análisis del déficit; si el porcentaje de la deuda se proyecta más allá del 50%, las agencias calificadoras internacionales probablemente bajarían la calificación de deuda de nuestro país con resultados muy negativos para el futuro económico, especialmente por cuanto hace a la inversión extranjera directa que es la que en los hechos impulsa el crecimiento económico del país.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en relación con las consecuencias que representa para el futuro inmediato el déficit fiscal de México proyectado para 2024, el que parece ser compartido por analistas, organizaciones, diputados y senadores de oposición. Al hacer la evaluación anual de nuestro país, tras la visita de una misión compuesta por personal técnico del organismo que preside Kristina Georgieva, el FMI puso de manifiesto que el excesivo gasto corriente en que está incurriendo el Gobierno y las presiones para concluir a toda costa los proyectos de inversión emblemáticos de esta administración ponen en grave riesgo la estabilidad financiera de nuestro país.
Seguramente usted se estará preguntado: ¿Por qué el incremento del gasto? Veamos: Un rubro que ha crecido exponencialmente son las pensiones que absorben prácticamente dos billones de pesos y que representan el 22% del Presupuesto Federal. Ello nos dice con toda claridad que México es un país que envejece, de manera que este rubro se incrementará con el paso de los años.
Sin embargo, hay otros componentes de gasto que podrían analizarse con mayor acuciosidad. Por ejemplo, el gasto social que maneja la Secretaría del Bienestar, el apuntalamiento financiero a PEMEX o el gasto que representa la conclusión del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, o la consolidación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA). La Secretaría de Hacienda señala que esta deuda es temporal y que una vez consolidadas las obras del Gobierno, el beneficio económico irá amortiguando su costo financiero. Sin embargo, nada de esto es seguro.
En resumen, podemos decir que el déficit publico sí tiene un impacto real en la construcción de las finanzas del Estado y que hoy, más que nunca, los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión deben analizar con sumo cuidado y plenamente conscientes de la responsabilidad histórica que representa para el país el momento que vivimos. Hoy más que nunca, la sociedad demanda de sus legisladores compromiso con el pueblo y con la Nación a la que dicen representar.
Fuentes Bibliográficas:
Para mayor información “FMI lanza alerta por el déficit fiscal de México”, El Universal. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fmi-lanza-alerta-por-el-deficit-fiscal-de-mexico/
Fondo Monetario Internacional. “México: Declaración del personal técnico al término de la misión de la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2023”. Disponible en https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/10/03/mexico-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission
