Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz tiene un plazo de seis meses para homologar las reformas que aprobó el Senado y que llevará, entre otras acciones, a la creación del Padrón de Deudores Alimentarios en el Estado.
Este lunes 8 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Centros de Justicia para las Mujeres.
En su artículo 34 se adiciona: Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad; y los padres agresores no tendrán derecho a la tutela, pues esta se suspenderá de manera provisional.
Además, desde este 8 de mayo, entra en vigor la prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza, reforma que se tendrá que aterrizar en las federativas.
En el caso de los estados deberán integrar registros públicos sistemáticos de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones.
Además, deben registrar los índices de incidencia y reincidencia, judicialización, etapa procesal, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, información que debe ser pública.
A la par, se deben elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; y deben crear, operar y fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres, conforme al modelo que emita la Segob.
Al entrar en vigor el decreto, todas las legislaturas locales realizarán las reformas necesarias dentro de los 6 meses siguientes a su entrada en vigor, establece la misma ley.
Con información de AVC
