Xalapa, Ver.- El Poder Judicial tendrá problemas económicos a corto plazo, debido a que parte de los recursos que se utilizan para el pago de nómina se empeñaron para la construcción de las ciudades judiciales.
Así lo confirmó la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien refirió que abogados denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública la ilegalidad de los contratos que se otorgaron a las empresas que se crearon por medio de Asociaciones Público-Privadas, por la deuda a 25 años.
Comentó que aún se pueden revertir los contratos, sin embargo, es necesario que la actual administración actúe por la vía legal; pues no basta con que se pida la intervención del Congreso para “revisar” las condiciones en las que se dieron las modificaciones del contrato.
“El Congreso del Estado ya no tiene facultades para decidir nada, porque aquí ya es el conflicto que se da entre los inversionistas con el Poder Judicial, ya que se afectan las participaciones por 25 años, entonces nos quedamos sin participaciones federales por 25 años.
“El pleno tiene que hacer una demanda por la nulidad de los contratos, es una demanda administrativa, yo ya lo tengo analizado con varios magistrados, pero no toman las acciones”.
Al referirse sobre la entrega de participaciones de 18 millones al mes, tendrá un efecto en el pago de nómina y prestaciones salariales a los trabajadores del poder judicial, “las participaciones son para gasto corriente”.
Aseguró que, aunque se han implementado recortes de personal, pero la medida no es la idónea, pues se necesitan recursos humanos para garantizar la justicia pronta y expedita, por lo que -planteó- la medida es simulación.
Con información de AVC/Isabel Ortega
