“A UN AÑO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL”
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina
Bien dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Al momento de escribir estas líneas estaremos a menos de un año de la elección presidencial que habrá de renovar no solo la titularidad del Poder Ejecutivo Federal sino todo el Congreso Federal, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y su Legislatura Local, varias gubernaturas, Presidencias Municipales y Legislaturas Locales. Desde luego estamos frente a una oportunidad histórica de impulsar una nueva forma de gobierno, de mantener la que tenemos o de buscar un equilibrio entre las opciones que nos presenten los partidos políticos.
El primer dilema al que nos enfrentaremos probablemente no sea por quién votar sino por quién no votar. Si usted se hace la pregunta por quién votar, le resultará más complicado que resolver la segunda, es decir, por quién no votar. El problema es que cuando resolvemos la segunda cuestión ya no nos queda candidato alguno en la baraja para elegir entre las opciones disponibles, cuestión realmente muy trascendente en la construcción de un gobierno democrático pues si no tenemos opciones para votar lo más probable es que no nos interese ejercer nuestro derecho al voto y entonces los pocos que votan terminan decidiendo por todos. Esto ya lo hemos vivido en el pasado.
Hasta el momento, la elección presidencial parece estar encaminada en favor del partido MORENA. Esta afirmación no parte de ánimo partidista ni preferencias personales sino de un simple análisis de la realidad; a menos de un año de la elección presidencial, no ha surgido aún una figura relevante en la oposición que pueda hacer frente al avasallante aparato de gobierno y la promoción e información que el partido gobernante tiene a su disposición y que más allá de filias y fobias, es justo reconocer, hacen uso de él de forma sumamente eficiente.
Mientras que la opinión pública ha visto desde hace un año por lo menos a los precandidatos de un solo partido para saber quién será electo por ahí del mes de septiembre el candidato a la presidencia de la República, la oposición ha diseñado un método de selección de probables precandidatos con origen de los partidos que conforman el bloque opositor “PRI, PAN, PRD” buscando propuestas propias que no parecen hoy todavía abonar a una verdadera unidad del Frente que buscan conformar.
El problema que parecen no advertir los partidos es que la sociedad civil no parece caminar en el mismo sentido. El país tristemente dividido en que vivimos ciertamente no quiere ver un solo candidato del partido oficial, pero desafortunadamente hoy por hoy no tiene por donde mirar. No obstante, vale la pena analizar frente a la norma jurídica el comportamiento que hoy guardan los precandidatos del partido MORENA y el Frente Opositor y las limitaciones que ante la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)[1] debieran todos observar. Analicemos lo que la ley denomina “las precampañas y las campañas electorales”.
De acuerdo con la LEGIPE que tenemos vigente, las campañas políticas tienen una muy peculiar división conceptual que las clasifica en precampañas y campañas propiamente dichas.
Las precampañas electorales son el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido (Artículo 227.1 LEGIPE). Éstas no excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales, es decir, no pueden durar más de 60 días.
Por otro lado, las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. (Artículo 242. 1 LEGIPE). La duración de éstas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de 90 días.
Esta diferencia jurídica está centrada en los llamados tiempos electorales, es decir, en definir los momentos en los que se puede o se debe hacer campaña y aquellos en que deben abstenerse particularmente los servidores públicos por el riesgo que ha representado el uso de recursos del Estado de apoyar a posibles candidatos a cargos de elección popular que proceden del partido gobernante. No hay duda de que el propósito de la ley es impedir el uso de recursos públicos con propósitos partidistas. Así fue concebida en su momento la reforma a la LEGIPE. De eso, no hay duda.
Uno de los temas fundamentales que se analizan regularmente como resultado de la interpretación jurídica es averiguar hasta donde es posible, qué tanto el Derecho le es útil a la sociedad, es decir, que tanto la norma es un verdadero instrumento de cambio social o en contraste, cuando el Derecho positivo se convierte en un freno a la realidad que a veces lo rebasa y la deja, en los hechos, obsoleto.
Como hemos observado, el partido del gobierno y los partidos de oposición están abiertamente por decirlo en términos coloquiales, desatados en el arranque de campañas electorales, aunque esto vulnere la ley de manera abierta y evidente. Por un lado, el Presidente de la República se queja de que la ley lo amordaza y por otro, los partidos políticos disfrazan el inicio de campañas con designaciones poco convincentes como decir que su candidato a la presidencia será llamado coordinador para la defensa del voto o términos similares que solo buscan simular un cumplimiento de la ley que en los hechos no tiene lugar.
El primer cuestionamiento que esto nos debería obligar a plantearnos es ¿las campañas deben ser abiertas o debemos sujetarnos a los tiempos específicos que marca la ley? Muchos son los ejemplos en el mundo que nos enseñan que las campañas son abiertas y en que los presidentes o primeros ministros participan activamente en ellas. En lo personal, nos parece que esta es una postura correcta y totalmente democrática en la que todos los actores políticos deberían tener absoluta libertad de expresar sus preferencias políticas y sus opciones partidistas en cualquier momento.
En México, el problema es la tentación de que se usen recursos públicos con fines electorales. De hecho, en su momento el presidente López Obrador impulsó la reforma para evitar que los gobiernos entonces del PRI y del PAN ocuparan su posición política para dar fuerza a sus candidatos. Hoy el Presidente se queja pero olvida que fue su propio movimiento el que impulsó la ley.
Ahora bien, frente a la rigidez de la norma, ¿es justo replantear las nuevas condiciones sociales? desde luego que sí. No hay disposición jurídica, no hay ley que se considere perfecta o vigente en todos los momentos de la dinámica social. El derecho positivo por definición es perfectible y debe responder a un sentido social integral y a la demanda de justicia y equidad para todos los sectores involucrados.
Por otro lado, no olvidemos que las intromisiones a la ley electoral no son nuevas, lo hicieron en su momento los presidentes Fox y Calderón, y lo hizo también el presidente Peña Nieto. En el caso del presidente López Obrador la diferencia es que su desafío es abierto, como si buscará ser sancionado ante las constantes prácticas que desde su conferencia mañanera despliega en favor de su partido o en críticas abiertas a las figuras que surgen en la oposición.
Y es que, la LEGIPE puntualiza claramente cuáles son las acciones que pueden constituir infracciones cometidas en este momento por los partidos políticos. Algunas de ellas son las siguientes:
- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos.
- La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión.
- La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
- La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE, entre otras (Artículo 443 LEGIPE).
México enfrenta hoy una peligrosa escalada de división y violencia en la que todas las propuestas electorales suelen contrastarse no en términos de contenido sino del autor que las genera, provocando por definición un sesgo entre lo que es bueno y malo sin reflexionar su contenido o la proyección social que encierra.
La realidad que hemos observado es que todos los actores políticos violentan la norma y su espíritu, algunos de forma más abierta que otros sin advertir que las cosas pueden tornarse muy graves pues estas violaciones generalizadas podrían poner en riesgo la elección de 2024.
No olvidemos que más allá de que la norma nos guste o no, ésta debe cumplirse, Es muy penoso que quienes están más obligados a observarla, en este caso partidos políticos y autoridades, sean quienes más la violentan. ¿Cómo podemos pedir que la sociedad asuma su responsabilidad frente al Estado, cuando las autoridades son las primeras que violentan el Estado de Derecho?
Estamos frente a un momento de definiciones muy importante. Y aunque no a todos guste, la ley es la ley.
Fuentes Bibliográficas:
[1] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014. Disponible en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf
