El diputado federal Jesús Alberto Velázquez Flores promueve una iniciativa para que los jueces de control, antes de dictar la prisión preventiva tratándose de delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa, agoten la aplicación de una o más medidas cautelares dispuestas en el artículo 155 del mismo documento.
Su propuesta busca reformar los artículos 156 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señaló que en estados, como Veracruz, el abuso de dicha medida cautelar se ha convertido en una costumbre para la autoridad estatal.
“Tenemos (en Veracruz) un Poder Judicial sometido a los mandatos de un Gobernador que, en palabras de él mismo, se siente una ‘muñeca’, como la que sale en la serie televisiva de ‘El Juego del Calamar’, diciendo que está buscando corruptos y metiéndolos a la cárcel”, expresó.
El legislador le recordó al mandatario veracruzano que esa no es su labor, “por lo que se vuelve imperioso que los jueces de control, antes de dictar prisión preventiva, tratándose de delitos no previstos por el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, agoten toda medida cautelar que anteceda a ésta”
El diputado suplente de Rogelio Franco Castán, preso en Veracruz, expuso que el 41.3 por ciento de los internos en cárceles mexicanas se encuentran sin sentencia, convirtiéndose en un problema grave para Centros Penitenciarios, donde la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta de uso político.
Explicó que la prisión preventiva es una medida cautelar impuesta por un juez de control a solicitud del Ministerio Público (MP), consistente en privar de forma temporal de su libertad al imputado, atendiendo a los principios de Proporcionalidad e Idoneidad, en apego con lo establecido con el Artículo 19 Constitucional.
“La prisión preventiva oficiosa violenta la presunción de inocencia, reconocida universalmente como un derecho fundamental, así como la privación de la libertad sin el sostén de una sentencia condenatoria”, afirmó.
Sin embargo, el legislador indicó que, en la práctica, su uso excesivo y arbitrario atrapa a personas inocentes en un ‘limbo legal’, forzando la capacidad de las ya de por sí superpobladas prisiones, socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal y pisoteando derechos fundamentales.
Velázquez Flores dijo que con la reforma obligaría a los Poderes Judiciales a agotar, primeramente, todas las medidas cautelares previas a la prisión preventiva, buscando salvaguardar la presunción de inocencia y evitar el uso político de dicha medida.
“Buscamos evitar que los Poderes Judiciales sometidos a las órdenes de los gobernadores en torno, se conviertan en brazos ejecutores y sea utilizada la prisión preventiva como arma de sometimiento para aquellos que no le son gratos al Gobierno”, dijo.
Finalmente, Velázquez Flores pidió el apoyo de sus homólogos a dicha reforma, para evitar que se repitan casos como el de Rogelio Franco Castán y Tito Delfín Cano, recluidos sin estar acusados de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, volviendo a el uso de la medida un tema meramente político.
