Violencia política de género en Isla, denuncia Síndica

Isla, Ver.- La síndica del municipio de Isla, Ivania Dolores Ríos, denunció al alcalde Gustavo Alfonso Torres por violencia política de género. Aunque sus quejas iniciales fueron desestimadas, un tribunal federal ha ordenado una revisión exhaustiva de su caso.

Ivania Dolores Ríos presentó un juicio de protección de derechos políticos debido a la constante amenaza e intimidación que dice sufrir por parte del alcalde. Afirmó que esta situación está obstaculizando su ejercicio como síndica.

Los hechos que denunció incluyen que la citan a las sesiones de Cabildo sin proporcionarle información adicional sobre los temas a votar. También señaló que el alcalde le exigió firmar estados financieros y expedientes de obras que aún no se han completado. Además, alega que se le han retirado algunas de las atribuciones de la representación legal del Ayuntamiento y que el alcalde ha nombrado al Contralor Interno sin el respaldo de la mayoría de los síndicos y regidores, lo cual es un requisito legal.

Ríos también mencionó un despido injustificado en la Sindicatura, así como amenazas, vejaciones y actos de intimidación por parte del alcalde, lo que, según ella, le ha causado violencia emocional y psicológica.

La síndica presentó un escrito de demanda en contra del presidente municipal, tesorero, secretario del Ayuntamiento, titular del Órgano Interno de Control, jefe de Departamento de Recursos Humanos y director de Obras Públicas, por actos y omisiones que, a su decir, obstaculizan el ejercicio del cargo para el que fue electa y, en consecuencia, son constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Sin embargo, el Tribunal Estatal de Veracruz desestimó inicialmente estas acusaciones. Por ejemplo, confirmó que el alcalde solo cita a las sesiones de Cabildo y proporciona el orden del día, pero no da información adicional, lo que calificó como «obstrucción del cargo». Respecto al despido en la Sindicatura, se argumentó que la síndica aún tenía cuatro trabajadores más de apoyo, y no se había informado al Congreso de Veracruz sobre modificaciones en la nómina. En cuanto al retiro de funciones de Dolores Ríos, se concluyó que no se pudo demostrar, a pesar de que el tesorero realizaba ciertos trabajos como la compra-venta de vehículos y el pago de impuestos y derechos.

En cuanto a las amenazas, el tribunal señaló que quien presenta la denuncia está obligado a proporcionar pruebas, y Ríos no pudo demostrar ni presentar testigos que hubieran escuchado las amenazas.

No obstante, tras impugnar, la Sala Regional del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligó a revisar el caso, argumentando que los hechos denunciados por la síndica no se agotan en el momento de su realización, sino que perduran en el tiempo y afectan la libre participación de las mujeres en el ámbito político.

Con información de AVC