Tomará 10 años reparar daños en arrecife del puerto

Centro En Bici Estado

Xalapa, Ver.- A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) vulneró el derecho humano al medio ambiente sano, al no verificar de manera integral los impactos ambientales de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz y ordenó una nueva evaluación, los avances son mínimos, no se han hecho visitas de campo y ni siquiera se cuenta con la metodología de evaluación.

El 9 de febrero, la SCJN emitió el amparo 54/2021 a favor de dos mujeres que reclamaron en 2016 omisiones en las obras de ampliación; la sentencia ordenó a la Semarnat dejar sin efecto las autorizaciones de impacto ambiental que se entregaron de manera fragmentada y emitir nuevas resoluciones, además de contar con un programa de mitigación de daños.

Sin embargo, a partir de entonces la dependencia ha pedido prórroga tras prórroga, señaló la abogada del Centro Mexicano de Derechos Ambiental (CEMDA) en la oficina regional Golfo de México, Yoatzin Popoca Hernández.

Dijo que a un año no se tiene lista la metodología con la que la Semarnat deberá evaluar los impactos ambientales a partir de que empezó a construirse la obra, no ha creado el comité de expertos que analizarán la información e incluso los datos de los que se ha allegado de instituciones públicas no son actuales y no reflejan el daño causado por las obras. Tampoco han visitado el área afectada.

“No hay estudios de campo y eso es importante para poder entender cómo está el ecosistema; es bueno tener la información previa pero se debe comparar con la información actualizada para conocer el verdadero impacto. En agosto empezó a realizar su propia metodología para la evaluación de los impactos, pero no ha hecho la valoración de cómo está el ecosistema ni ha emitido un plan para su restauración a fin de evitar más daño, tampoco ha acudido a expertos como se le solicitó para emitir nuevas resoluciones con base en esas opiniones”:

Como consecuencia, advierte la abogada, la Semarnat no cuenta todavía con un plan de restauración y si el cumplimiento de la resolución de la Corte fuera una escalera que subir, la dependencia no habría tomado ni siquiera el primer peldaño.

“En la escalera de avance en el cumplimiento de la resolución la Semarnat no ha subido ni al primer peldaño, porque siguen construyendo cómo van a evaluar. Ha sido muy lento (…) Estamos en la etapa cero, viendo cómo se evaluará y por lo tanto no se ha empezado a evaluar (…) van en la cuarta ronda de revisión”.

Popoca Hernández indicó que CEMDA ha pedido al juez ser parte activa de las reuniones y trabajos de análisis pero no ha sido aceptado; en cambio, pidió a la Semarnat que cada 20 días entregue avances novedosos en el cumplimiento de la sentencia.

Hasta ahora la Semarnat únicamente dejó insubsistentes las cerca de 25 autorizaciones de impacto ambiental que habían aprobado y a inicios de febrero de este informó que ya pidió a ASIPONA, antes Apiver de Veracruz un programa de trabajo para la restauración ecológica de la zona y afirmó que está por concluirse.

Pese a ello, CEMDA dijo que es necesario revisar el programa pues no confían en que cumpla con los requisitos y el riesgo que se corre es que se vuelvan a cometer omisiones en la metodología. Aún así, advierte que aun cuando el programa estuviera bien elaborado, su implementación tomaría 10 años como mínimo.

“Suponiendo que ya está la metodología y medio listo el programa de restauración se debe revisar, que nos digan quién lo hizo y cómo se hizo y finalmente se ponga en marcha. Un programa de restauración ecológica integral de ecosistemas marino tardará años, debemos entender qué es lo que proponen y qué quiere decir restaurar en sus términos y ver si eso es viable y una vez que se ponga en marcha ver con qué dinero se va a cumplir, quise dará seguimiento, si la Semarnat tendrá personal para darle seguimiento”.

La Semarnat podría decir que no es viable continuar con la ampliación del puerto, hay mecanismos legales para lograr que se suspendan las obras, e instruir medidas para evitar más daños, pues “no solo es evaluarlo y emitir resoluciones, sino tomar medidas para revertir o paliar los daños y si eso implica destruir lo que ya se construyó se debe hacer”.

Con información de AVC

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