Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron preocupante la «persecución penal» emprendida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo que pospone algunas actividades de la revocación de mandato.
A través de un comunicado, el INE señaló que se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.
«El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato. En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público», inicia el documento enviado a los medios de comunicación.
El texto aclara que «las decisiones del Consejo General pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones».
Por encima de las diferentes posiciones adoptadas en diferentes asuntos, las consejeras y consejeros electorales rechazaron las denuncias penales contra cualquier compañero o compañera; así como toda forma de intimidación y vulneración a su autonomía.
«Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión. En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos».
El documento es firmado por Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
