Xalapa, Ver.- La coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-Sida, Patricia Ponce, advirtió que la iniciativa para reformar la Ley de Salud de Veracruz y que abroga la Ley Relativa a la Prostitución y Profilaxis Social, significa la “institucionalización” de las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Al referirse a la iniciativa presentada ante el Congreso local por la diputada Itzel Yescas Valdivia, en coautoría con el diputado Enrique Cambranis Torres, señaló que violenta acuerdos internacionales sobre el VIH y otros firmados por México desde 1949 con la ONU en donde se establece que no es legal ni obligatorio el control sanitario, tampoco la credencialización forzosa ni las zonas de tolerancia para esta actividad.
“Si se promueven zonas de tolerancia habría que revisar si no hay contradicción con el Código Penal federal que señala que hay lenocinio en donde hay zonas de tolerancia y espacios que alguien va a financiar, que alguien va a regentear y en este caso parece ser que serían los municipios y me parece que sería muy grave y delicado”, dijo.
La activista indicó que esta iniciativa significaría la institucionalización del lenocinio al legalizar lo que actualmente ya hacen los municipios, al realizar de manera ilegal la credencialización de las trabajadoras, cobrando por ello y enviándolas a someterse a exámenes médicos que en muchos casos están cargo de “compadres o conocidos”.
Patricia Ponce recordó que en una investigación que realizó en 2008 determinó que en el estado de Veracruz había 13 mil trabajadoras sexuales y que a través de las tarjetas de identificación los ayuntamientos obtenían entre 11 y 22 millones de pesos mensuales.
En ese sentido, dijo que el control sanitario establece la obligatoriedad de las pruebas de VIH pero es una violación a la Norma Oficial Mexicana 0010SSA que señala que las pruebas de detección deben ser voluntarias, gratuitas y confidenciales.
Ante esto, si se aprueba la iniciativa presentada en días pasados, “habrá mayor explotación, implicaría explotación económica por el pago para su protección; además de mayores gastos para trasladarse a las zonas de tolerancia”.
Con información de AVC
