Coatepec, Ver.- La ex jueza de control del Distrito Judicial de Huatusco, Angélica N, ha sido vinculada a proceso como presunta responsable de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Tras una audiencia que duró más de diez horas, se dictaron medidas cautelares consistentes en un año de prisión preventiva justificada y tres meses de investigación complementaria.
Los abogados defensores de la jueza, Ricardo Aguilar y Lázaro Flores Díaz, han informado que su defendida permanecerá en el penal de Pacho Viejo, argumentando que no existen motivos ni justificación para trasladarla a otro centro penitenciario. Además, destacaron que es su derecho estar cerca de su familia durante este proceso.
La audiencia estuvo marcada por varias interrupciones, donde se les negó la entrada a los abogados de la defensoría pública y a representantes del alto comisionado en Derechos Humanos de la ONU. El juez decretó que la audiencia fuera privada.
Según se ha informado, la carpeta de investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la jueza vinculada. La denuncia alega que la jueza realizó una certificación de hechos falsos y dio fe de otros hechos sin tener conocimiento directo de los mismos, ya que ocurrieron en un lugar diferente a su ubicación.
Pocos minutos después, la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia se derivaban de diversas acciones realizadas por la jueza en un cuadernillo de amparo. En dicho cuadernillo, la jueza hizo constar la existencia de un juicio de amparo y certificó la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel «N». Sin embargo, tras consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó que el juicio de amparo mencionado no correspondía al quejoso ni a la materia indicada. Además, no existía registro alguno en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, lo que tipifica el probable delito contra la fe pública.
El comunicado también hace referencia a la probable comisión del delito de tráfico de influencias por parte de la jueza, quien, aprovechando su posición para conocer un caso en particular, habría realizado múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Coahuila, con el fin de gestionar la liberación de una persona privada de su libertad. Se presume que durante este proceso, la jueza amenazó y ejerció presión para que se cumpliera su resolución.
