Xalapa, Ver.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, declaró ante los padres de una víctima de feminicidio que no puede garantizar justicia en este caso en el que el autor confeso de los hechos fue liberado, pero que no se “escapará de la justicia divina”; incluso, la magistrada admitió que a más de 10 años no se ha iniciado un procedimiento administrativo contra la jueza que liberó al presunto responsable.
Lo anterior se desprende de una reunión realizada el pasado 1° de diciembre de 2021 entre la magistrada presidenta con los padres de Pilar Argüello —víctima de feminicidio en septiembre de 2012— derivada de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ante las irregularidades del caso.
La representante de Equifonía, Adriana Fuentes, señaló que Reyna Trujillo Reyes y Pedro Argüello Morales, padres de Pilar, acudieron a la reunión pero fueron víctimas de un trato agresivo, revictimizante y clasista por parte de la magistrada presidenta, que además de hacerlos esperar por más de media hora, les exigió que “no la vieran con odio” ni la culparan por las irregularidades en el caso.
Romero Cruz tampoco iba preparada para dar un informe detallado sobre el procedimiento administrativo en contra de la jueza que liberó al presunto responsable del feminicidio, que era el principal motivo de esta reunión.
“Se violentó y revictimizó a las víctimas indirectas (…) Hicieron esperar a la familia, y fue hasta que se cuestionó si la reunión se llevaría acabo que se informó que no tardaba en incorporarse la magistrada, pero a su llegada no realizó presentación formal, tampoco precisó el objetivo de la reunión y desde el inicio mostró actitud despectiva, demostró el poco conocimiento del caso y la identidad de las personas que atendería. (…) En ningún momento los escuchó y cuando intentaban hablar los interrumpía, tuvo un trato agresivo, despectivo y clasista hacia los padres de la víctima”.
Y es que aunque la reunión tenía el objetivo de informar los avances del mecanismo de investigación administrativo y sanción para personal involucrado en la sentencia absolutoria del presunto responsable, esto no ocurrió y como resultado tanto Pedro Argüello como su esposa Reyna Trujillo presentaron síntomas de ansiedad, angustia frustración al escuchar que no recibirán una justicia terrenal, sino “divina”, según dijo la magistrada presidenta.
Ante integrantes de Equifonía y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la magistrada presidenta del Poder Judicial en Veracruz habló durante 45 minutos sin permitirle a los padres intervenir en la reunión y alzó la voz a Pedro Argüello para exigirle que “no la mirara de ese modo”.
“Que no la mirara de ese modo, le alzó la voz diciendo que la estaba mirando feo, con odio y que ella no tenía que soportar ese tipo de trato. Cuando don Pedro intentaba hablar la magistrada lo interrumpía y al final le afirmó que aun cuando no se pudiera garantizar la justicia a su hija, de la justicia divina no se salvaba”, narró Araceli González Saavedra, integrante de Equifonía.
Para esta organización la actitud de Isabel Inés Romero Cruz representa un hecho grave porque se trata de la respuesta lamentable de una representante del Estado Mexicano a recomendaciones de CEDAW, por lo cual presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) (492/2021) y el pasado 7 de diciembre solicitaron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, una reunión de trabajo para darle a conocer todo lo que ha ocurrido; sin embargo, no ha sido contestada.
Afirmaron que esta reunión representó una inadecuada atención porque se desdeña la posibilidad de presentar un precedente que ayudará a obtener justicia en otros este y otros casos de feminicidio, además de ser la primera vez que se enfrenta un trato de esta magnitud derivado de acciones que se plasmaron en recomendaciones de organismos internacionales.
Como resultado, tanto Pedro Argüello como Reyna Trujillo, han sostenido reuniones individuales con asesores de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas debido a la afectación emocional que sufrieron tras la reunión con la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.
El caso
En septiembre de 2012 el cuerpo de Pilar Argüello Trujillo, de 20 años, fue hallado en un chayotal de Coscomatepec con huellas de violencia sexual; su pareja un hombre que entonces tenía 17 años, confesó el crimen y dio detalles de cómo lo hizo y por qué, pero aún así dos meses después una jueza decidió que no había pruebas suficientes y lo liberó.
A pesar de ello, los familiares no recibieron una notificación de esta determinación y aunque la decisión fue impugnada, todas las instancias avalaron la decisión de la jueza.
Por ello, en agosto de 2014 la asociación civil Equifonía presentó el caso ante la CEDAW y fue en 2017 cuando este organismo emitió recomendaciones al Estado Mexicano. Entre las recomendaciones estaba la reapertura del caso, que se realizó en 2018 por parte de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), pero que no ha tenido avances, así como el análisis de las implicaciones de este feminicidio para su familia, y la falta de atención por parte de las autoridades en este caso.
La reunión con Isabel Inés Romero Cruz se desprende de estas recomendaciones en las que la CEDAW urgió al estado mexicano a acelerar la atención de este caso, pues este año tendrá que informar el avance de estas recomendaciones que no únicamente están enfocadas en este feminicidio, sino en general en todos los casos que se registren, acciones encaminadas a subsanar las deficiencias en las investigaciones.
Con información de AVC/Perla Sandoval
