Xalapa, Ver.- Joana Marlen Bautista Flores , exdirectora general de administración del Poder Judicial fue inhabilitada por diez años por daño patrimonial con motivo de la contratación irregular de bienes y servicios.
El poder judicial de Veracruz calificó de grave esta falta en el expediente 29/2024-II, por lo que está inhabilitación impide a Bautista ejercer empleos, cargos y comisiones en el servicio público.
El pleno del consejo de la judicatura emitió la sanción en septiembre pasado y surte efecto hasta noviembre del 2034.
De la misma forma inhabilitó por diez años a otros funcionarios como: Manuela Saldaña Río quien era la directora general de administración y Elvis Viveros Arroyo, jefe del departamento de servicios generales del poder judicial, todos por daño patrimonial.
El Poder Judicial notificó estas sanciones dentro de la plataforma digital del sistema nacional Anticorrupción.
Por este tema, Joana Marlen Bautista interpuso un amparo en el juzgado primero de distrito para evitar la sanción de inhabilitación, pero el amparo fue negado por el juez federal el 31 de octubre pasado,
En ese momento, el juez negó la suspensión provisional solicitada, al considerar que “la inhabilitación de sus funciones como Directora General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, es un acto de interés social y público, respecto del cual no procede conceder la suspensión en el amparo, ya que el mismo tiene como fin excluir al servidor público que se considera no es idóneo para desempeñar tal función y, de concederse se impediría la ejecución de un acto tendente al debido desempeño de la función pública, además de que se estaría privilegiando el interés particular del impetrante del amparo sobre el interés de la sociedad”
Por lo que, Joana Marlen Bautista interpuso una queja que fue resuelta por el primer tribunal colegiado en materia administrativa , quien finalmente declaró infundada su queja el pasado 11 de noviembre.
¿Por qué inhabilitaron a los funcionarios ?
En febrero pasado, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que se interpusieron cuatro denuncias penales por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado cometidos en 2023 cuando Bautista Flores era administradora.
La magistrada dijo que las denuncias están soportadas en una auditoría interna realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial que reveló la existencia de empresas no localizables que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos.
La auditoría realizada reveló más de 30 observaciones y recomendaciones que no pudieron ser solventadas. Lisbeth Aurelia Jiménez dijo en una entrevista en abril pasado que las denuncias incluyen sustracción de mobiliario, robo específico, peculado y administración fraudulenta.
Entre las empresas detectadas se encuentran: Crisan Tecnologías Móviles, Proveeduría y Servicios Cafha, Casa Capacitación e Innovación Social, Alecasser Comercializadas que obtuvieron contratos por más de 40 millones y son empresas de reciente creación.
A estas denuncias se suma una observación de la auditoría superior de la federación en 2021 por daño patrimonial de 82 millones de pesos en fondos federales.
Joana Marlen Bautista Flores fue nombrada como titular de la Dirección general de administración del Poder Judicial, el 6 de agosto de 2020 y relevada del cargo en septiembre de 2023.
AVC Noticias solicitó vía transparencia el pliego de inconsistencias y anexos resultado de las auditorías financiera y presupuestal a los H.H Tribunales Superior de Justicia , de conciliación y arbitraje y el consejo de la judicatura; sin embargo, la contralora del Poder Judicial Paulina Ochoa Lara pidió reservar la información por cinco años argumentando que divulgarla, aún en versión pública, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso.
La contraloría dijo que divulgar las auditorías podría poner en riesgo real la investigación de expedientes administrativos, ya que la exposición de documentos incluye a ex funcionarios públicos y particulares y presuntos responsables.
La reserva de la información fue avalada por la directora general de administración del Poder Judicial, Diana Cruz Villegas y Jesús Alberto Islas, director de asuntos jurídicos, quienes son vocales del comité de transparencia.
AVC/Flavia Morales
