Xalapa, Ver.- La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) ha aprobado la prórroga del Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez como rector de la institución para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029. La decisión, fundamentada en un proceso de consulta y análisis de su gestión, ha generado un profundo descontento en diversos sectores de la comunidad universitaria, quienes cuestionan la legalidad y legitimidad del proceso.
Según el comunicado oficial de la Junta de Gobierno, la resolución se basa en un «proceso respetuoso, plural y jurídicamente fundado» que incluyó la opinión de la comunidad universitaria en todas sus regiones. La Junta afirma haber escuchado a estudiantes, académicos y personal, y analizado los resultados de la gestión 2021-2025, así como el plan de trabajo para el próximo periodo. Se destaca que la prórroga es «completamente legal al encontrarse establecida en la normatividad universitaria». El objetivo, según la Junta, es «preservar la estabilidad institucional, la autonomía universitaria y el compromiso social que define a la UV».
A pesar de la justificación oficial, la decisión ha sido recibida con fuertes críticas. Sectores de la comunidad universitaria, incluyendo académicos, estudiantes y exfuncionarios, han manifestado su profunda disconformidad, señalando que el proceso careció de transparencia y legitimidad.
Una de las principales objeciones radica en que la Junta de Gobierno habría optado por la prórroga sin emitir una convocatoria para un nuevo proceso de elección, lo que, para los críticos, vulnera el derecho de otros aspirantes a participar y rompe con la tradición democrática de la institución. Se ha mencionado la posibilidad de impugnaciones legales a la resolución, argumentando que se encontraron «resquicios» legales para evadir un proceso electoral abierto.
La controversia se intensifica con señalamientos de que la consulta a la comunidad universitaria, supuestamente realizada para fundamentar la decisión, fue manipulada y que los resultados no reflejan el sentir general. Organizaciones estudiantiles y grupos de profesores han convocado a manifestaciones y marchas pacíficas en repudio a la decisión, y exigiendo el respeto a la autonomía universitaria y la realización de un proceso electoral justo.
Incluso figuras políticas como la gobernadora Rocío Nahle García se habían pronunciado previamente en contra de la prórroga, sugiriendo que el rector debería someterse a la ley y dar paso a un nuevo proceso.
De la Redacción
