Xalapa, Ver.- De 2018 a 2022, el Poder Judicial de Veracruz ha abierto 37 expedientes contra servidores públicos por incurrir en presuntas irregularidades que van desde corrupción hasta no presentarse a trabajar; sin embargo, sólo 16 han sido sancionados.
La mayoría son apercibimientos, ya sea públicos o privados, y únicamente hay una destitución y dos inhabilitaciones al cargo. En el caso de la inhabilitación, se trata de la ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, fallecida en febrero de este año.
Pese a las advertencias del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre el desempeño de algunos jueces y la declaración de la magistrada presidenta de TSJ, Isabel Inés Romero Cruz, de haber sancionado “a una docena” de ellos, únicamente cinco de los 16 sancionados ocupan este cargo.
Tampoco hay información acerca de algún expediente abierto en contra del juez que habría recibido 3 millones de pesos —como lo señaló el gobernador en conferencia de prensa— a cambio de liberar a Itiel “N”, alias “Compa Playa”, señalado por la Fiscalía General de Veracruz (FGE) por el asesinato del ex diputado local Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido en noviembre de 2019 y por lo que se afirmó ya había investigaciones en curso.
En el caso de Sofía Martínez Huerta, tras haber sido destituida como magistrada presidenta del TSJ en octubre de 2020, fue sancionada con inhabilitación por dos años y seis meses por “no concurrir sin causa justificada a sus labores oficiales”.
En cuanto a las dos inhabilitaciones, una de tipo temporal y la otra permanente; la temporal se impuso a un juez municipal de Tlilapan que no acudió a laborar y la permanente a la secretaria de Acuerdos del Juzgado primero de primera instancia en Papantla que no turnó debidamente una solicitud de apelación a la resolución de un caso.
De acuerdo con la plataforma nacional de transparencia, solo uno de los jueces en investigación fue sancionado por haber recibido cobros por conceptos no establecidos en la ley. Se trata del juez municipal de Juan Rodríguez Clara, Martín Gallegos Álvarez, que en noviembre de 2019 fue sancionado por haber recibido cobros de dinero, a pesar de que depositó el recurso a cuentas del Tribunal Superior de Justicia.
La sanción consistió en suspensión de tres días de sus funciones sin cobrar salario.
Otros jueces sancionados son la jueza del Juzgado décimo de primera instancia en materia familiar de Veracruz, Elizabeth Ramírez Salazar que en 2020 recibió una amonestación pública por retrasar acuerdos y promociones. Con ella también fueron sancionados su oficial administrativa Alma Janely Guadarrama Acosta y el secretario de Acuerdos, Anwar Yunes Morales.
El juez municipal de Hidalgotitlán, Ramón Dolores Nicanor, fue sancionado en 2019 por conductas negligentes en su actuar como no mantener los libros al corriente así como el registro de billetes en depósito; la sanción consistió en apercibimiento público.
Otro caso es el del juez sancionado es Manuel Abraham Berman Navarro, del Juzgado 14 de primera instancia en materia familiar del municipio de Veracruz, que en 2021 fue amonestado por irregularidades en la recepción de una demanda de alimentos.
En 2021 el coordinador de la Central de Actuarios de Veracruz, Filiberto Landa Torres fue apercibido de manera privada por omisión o dilación en la diligencia de notificaciones en un expediente.
La juez municipal de Tlilapan, Ana Laura Cruz Salas, fue sancionada en 2019 con la inhabilitación temporal del cargo por el incumplimiento en su deber de presentarse a laborar.
Otros servidores públicos sancionados son Blanca Myriam Contreras Rodríguez, Secretaria de Acuerdos Juzgado octavo de primera instancia en materia familiar de Coatzacoalcos. Fue señalada por la presentación de una incapacidad apócrifa, por lo cual fue destituida del cargo.
Ese mismo año fue sancionada con la suspensión de tres días, Natividad Pérez Torres, secretaria de Acuerdos Juzgado segundo de primera instancia en Misantla, debido a la dilación en remitir actuaciones de expedientes.
Eloísa Molina Espinosa, secretaria de Acuerdos Juzgado segundo de primera instancia de Poza Rica, recibió cuatro días de suspensión en 2019 por la falta de localización y/o reposición de constancias de autos de expedientes.
La secretaria de Acuerdos del Juzgado segundo de primera instancia en Pánuco, Mariana Velázquez Villafuerte, fue sancionada por irregularidades de tipo administrativas por no dar seguimiento a expedientes; en 2020 sólo fue apercibida de manera privada.
En 2020, Fausto Iván Aguilar Huerta, actuario del Juzgado segundo de primera instancia de Acayucan, fue sancionado con un apercibimiento privado por la omisión en la diligencia de expedientes e incumplimiento de funciones.
Ese mismo año, Afrodita Chávez Salinas, secretaria de Acuerdos del Juzgado primero de primera instancia en Papantla, fue sancionada con la inhabilitación en el cargo por dejar de actuar siete meses en solicitud de apelación sobre expediente.
Hasta ahora, la única sancionada en lo que va del 2022, es Miriam Guzmán Ortiz, secretaria de Acuerdos juzgado cuarto de primera instancia en materia familiar de Veracruz, por “irregularidades administrativas”, pero únicamente recibió un apercibimiento de tipo privado.
Con información de AVC
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