Xalapa, Ver.- El abogado Fausto Vicente Torres Pérez solicitó la destitución de la Fiscal Anticorrupción Clementina Salazar Cruz, quien habría omitido investigar actos de corrupción entre funcionarios del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Ayuntamiento de Minatitlán, en la venta de 10 hectáreas a la pareja de la regidora segunda de ese municipio.
El litigante señaló que no se efectuó una justa indemnización a quienes perdieron sus terrenos.
Precisó que la denuncia penal se presentó el 8 de julio de 2021, por no atender una solicitud de una ciudadana que fue despojada de un predio de nombre “Tlacoaleyan”, en colonia Un Paso a la Gloria de Minatitlán.
Acusan que funcionarios del gobierno municipal de Morena hicieron “una compra amañada y cometiendo actos de corrupción”.
Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) “ha sido omisa” en este caso, por lo que han llevado el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Torres pide al gobernador que sea destituida la fiscal Clementina Salazar, “porque no cumple con su función anticorrupción”,
Dicha denuncia ante la FGE se presentó en contra de funcionarios municipales de Minatitlán, en agravio de la señora Irma Morales Cortés.
Los presuntos responsables son el ex alcalde Nicolás Reyes, la señora Erika Burgoa Gutiérrez que era la regidora de la Tenencia de la Tierra, y la ex directora de Catastro Ana Fernanda Martínez Pereyra.
El abogado relató que con “trampas y argucias”, los funcionarios adquirieron 10 hectáreas de dicha colonia a los habitantes de esa colonia, sin avisar que había un procedimiento de licitación pública por parte del SAT.
“Y que ahora el Instituto para devolver al Pueblo lo Robado lo ponía a la venta, entrando a la licitación Javier Soberano Torres y Javier Soberano Fit, padre e hijo, el último pareja sentimental de la regidora Erika Burgoa, y al final es el joven el que compró en 5 millones de pesos un predio, beneficiándose de su relación sentimental”.
La señora Irma Morales pidió ser considerada como víctima, y presentó denuncia contra funcionarios municipales, pero le informan que se cerró la carpeta de investigación, para que ella no accediera a los fondos de reparación de daño a víctimas a los que tenía derecho.
“La señora Irma Morales presentó datos de prueba de corrupción, pero en enero resolvieron el no ejercicio de la acción penal”.
Ahora el litigante acudirá a la vía del amparo, pues ven que hay un intento de protección a los funcionarios involucrados. Además, habitantes de Un paso a la Gloria realizarán movilizaciones.
Linda Mora
