La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV).
Esta Comisión Nacional recibió las quejas de seis personas mientras se encontraban privadas de su libertad, quienes fueron detenidas el pasado 3 de septiembre del 2021 en las inmediaciones de un centro comercial de la ciudad de Xalapa, por varios policías de la SSP de Veracruz, entre los que se encontraban personas encapuchadas, quienes los detuvieron, revisaron sus pertenencias y les colocaron esposas metálicas en muñecas con los brazos hacia atrás.
La queja señala que las seis personas detenidas fueron remitidas a los separos donde firmaron documentos y dieron acceso a sus teléfonos celulares para luego ser trasladados a instalaciones de la FGEV en Xalapa, donde fueron acusados de ultraje a la autoridad por atacar a los policías con cuchillos, razón por la cual el Juzgado Estatal 1 calificó como legal la detención y los vinculó a proceso.
Este organismo autónomo integró el expediente y logró recabar pruebas y evidencias suficientes para acreditar que se violaron derechos de las víctimas, debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente.
La Comisión Nacional considera, además, que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la FGEV, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad, lo cual resulta en una imputación indebida de hechos y, a pesar de ello, se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva, desestimando pruebas ratificadas, reiteradas y dictaminadas como ciertas. Considera también que hay, por parte de las personas servidoras públicas responsables, una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como incumplimiento en las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Por lo anterior, este Organismo Autónomo solicitó al gobernador del estado de Veracruz y a la titular de la Fiscalía General del Estado que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, procedan a la reparación del daño ocasionado y les brinde, a las seis víctimas, atención médica y psicológica gratuita que se requiera y les provea de los medicamentos que necesiten
La CNDH solicita, además, que las autoridades recomendadas colaboren ampliamente en la presentación de las quejas que este Organismo Nacional promueva ante la Contraloría General del estado y la Contraloría General de la Fiscalía de esa entidad, para que se proceda en contra de las personas servidoras públicas que incurrieron en responsabilidades administrativas; se pide también que se colabore en la presentación de una denuncia de hechos ante la misma FGEV para que se proceda penalmente en contra de quienes resulten participantes en los hechos referidos en la Recomendación.
Se solicita al gobernador constitucional de Veracruz que, de manera particular, accione el procedimiento legislativo en el estado, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad.
Por último, se señala la necesidad de que se impartan cursos integrales sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, y acceso a la justicia en la vertiente de procuración de justicia, dirigido a las personas servidoras públicas señaladas y demás personal involucrado en los hechos.
