Orizaba, Ver.- El Cabildo de Atzacan se encuentra en un dilema legal tras no haber cumplido con una orden del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que exige la reinstalación de 12 trabajadores despedidos injustamente en 2014. Esta omisión ha llevado a la emisión de una orden de arresto de hasta 36 horas para los ediles involucrados, la cual podría ejecutarse en los primeros días de noviembre si no se acata la disposición del Tribunal.
La situación se remonta al año 2014, cuando los 12 trabajadores fueron despedidos de manera injustificada por el Ayuntamiento de Atzacan. En respuesta, los afectados presentaron una denuncia ante la autoridad laboral, dando origen a la carpeta 392/2014-IV. El fallo del Tribunal resultó a favor de los trabajadores, ordenando la reinstalación inmediata por parte del Ayuntamiento bajo la dirección del alcalde Mario Alberto Vargas Amador.
Sin embargo, a pesar de que la autoridad municipal ya ha sido notificada de la sentencia, hasta la fecha ha hecho caso omiso de la misma. El pasado 26 de septiembre, el Tribunal emitió una orden de presentación que debía ser ejecutada por la fuerza pública, pero esta acción tampoco se llevó a cabo.
El Tribunal ha dado un ultimátum al Ayuntamiento de Atzacan, estableciendo un plazo para la reinstalación de los trabajadores. De no cumplirse con la orden, el alcalde, la síndica Carmen Alducin Hernández y la regidora única Erika Marcelino podrían enfrentar un arresto de hasta 36 horas, e incluso la posibilidad de su destitución.
Gabriela Domínguez
