Emilio Lozoya comparecerá esta tarde, en una audiencia en la que resolverán si le imponen también prisión preventiva justificada en el caso de Agronitrogenados.
A Lozoya se le imputa cobrar un soborno de 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta «chatarra» de Agronitrogenados del complejo de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, una empresa que tenía 14 años sin operar.
Estos pagos se los hizo AHMSA en 2012 antes de que Lozoya fuera nombrado director de la petrolera, como honorarios por dos contratos de consultoría inmobiliaria, uno relacionado con el Tren Interurbano México-Toluca y otro por un proyecto ferroviario en Coahuila, pagados por la empresa de Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de la empresa Altos Hornos de México.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó que Pemex realizó la compra de Agronitrogenados “en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado”.
La diligencia prevista para la 1:15 de la tarde, será presidida por Artemio Zúñiga Mendoza, el mismo juez que hace una semana le dictó la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht.
El juez citó a esta audiencia considerando que la modificación de la medida cautelar de la semana pasada, impacta en el cumplimiento de las condiciones en las que llevaba el proceso por la compra que hizo Pemex de la planta «chatarra» de Agronitrogenados.
En la causa penal 261/2019, se estipularon desde julio de 2019 las medidas cautelares que prohibían a Lozoya salir del país; se le recogió visa y pasaporte, se le colocó un brazalete electrónico y se acordó su presentación cada 15 días a firmar en la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares.
El pasado 3 de noviembre, el Juez Zúñiga dictó la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, dentro del proceso que tiene iniciado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el caso Odebrecht.
El juzgador estimó que en ese asunto existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que le imputan, así como por contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo.
Con información de Reforma/AVC/Redacción
