Xalapa, Ver.- Debido a la falta de validaciones en proyectos de obra pública, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) etiqueta observaciones administrativas de los ayuntamientos como daño patrimonial lo que genera la percepción de que los montos informados pueden estar «inflados», distorsionando la realidad.
Ayer lunes, los diputados locales de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista aprobaron por mayoría la Cuenta Pública 2022, informe que reporta un daño patrimonial de mil 500 millones de pesos.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui, se abstuvo de validar el informe y expresó sus inquietudes. Argumentó que el órgano de fiscalización podría estar excediendo sus atribuciones.
Consideró que en muchas ocasiones los montos señalados como daño patrimonial se utilizan para ejercer presión, tanto en el ámbito mediático como político.
Lagunes Jáuregui mencionó que se emiten observaciones por millones de pesos simplemente porque los ayuntamientos carecen de los permisos y validaciones necesarios para llevar a cabo proyectos de obra pública, los cuales se encuentran en trámite.
La diputada señaló que el retraso en la obtención de estos permisos se debe en gran parte a la carga de trabajo en dependencias como la Comisión de Agua Potable de Veracruz (CAEV), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que a menudo tardan en proporcionar las validaciones necesarias para los proyectos municipales.
En este sentido, Lagunes Jáuregui declaró: «Lo que estamos diciendo al Orfis es que su criterio debe estar en línea con lo que establece la ley. Si la obra está terminada y en funcionamiento, y los trámites están en proceso y avanzan de manera positiva, no debería ser considerada como daño patrimonial».
La legisladora enfatizó que en muchas ocasiones los alcaldes tienen información sobre el progreso de los permisos y algunos reciben respuestas favorables. Sin embargo, el Orfis cataloga el monto de la obra como daño patrimonial, particularmente en el caso de los ayuntamientos de oposición.
Lagunes Jáuregui subrayó que están colaborando con el Orfis con el objetivo de asegurar que los montos de daño patrimonial reflejen cifras «reales» y no sean inflados, evitando así que se utilicen como herramientas de presión o como una cacería de brujas, especialmente de cara a las elecciones de 2024.
Con información de AVC
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