Orizaba, Ver.- Por no acatar la orden de un juez federal para entregar el inmueble que ocupaba iCinemas, el Ayuntamiento de Orizaba no sólo puede recibir una sanción económica, sino que los funcionarios o personal que haya estado presentes o participado en la acción de desalojo, pueden ser destituidos, señaló Edgar Herrera Cerón, especialista en temas de administración pública.
Explicó que al haber un requerimiento a la autoridad municipal para que devuelva el edificio a los quejosos y no haberlo atendido, entonces puede haber sanciones, primero de carácter económico y luego otras más fuertes, incluso la destitución de los funcionarios municipales que hayan estado presentes, como la síndico Michelle Fragoso.
Admitió no tener información de cómo se han estado desahogando esos procesos; sin embargo, basado en la información que han dado los pastores evangélicos, es poisible pronosticar que los resultados no se ven favorables para el Ayuntamiento.
El gobierno municipal debe devolver el edificio sin esperar ninguna resolución, o de lo contrario, la autoridad federal podría hacer uso de los medios de apremio que tiene.
Comentó que tal parece que al Ayuntamiento y este litigio podría ser otro más perdido como otros que ha llevado esa abogada.
Gabriela Domínguez
