Orizaba, Ver.- La detención de Maribel «N», la madrugada del miércoles, por presuntos delitos contra la salud, ha desatado una fuerte indignación, no sólo por las irregularidades del operativo policial, sino también por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra su familia.
De acuerdo con los familiares, el operativo fue ejecutado por agentes de la policía ministerial y de seguridad sin una orden de cateo, lo que resulta ilegal.
Los agentes ingresaron a la vivienda de manera violenta, destruyeron puertas y sustrajeron dinero. El padre de Maribel narró que le hicieron firmar una hoja en blanco, que vaciaron sus carteras que hasta la fecha están tiradas en el piso y lamentó que se robaron la tanda de 11 mil pesos que acababa de recibir su hija, dinero que invertiría en mejoras para su vivienda.
Sin embargo, lo más preocupante fueron los abusos físicos y psicológicos sufridos, ya que tanto los adultos como los menores fueron golpeados y amenazados con armas.
En conferencia de prensa, niños y adolescentes agraviados acudieron con máscaras de conejo para proteger su identidad y compartir sus testimonios.
En el caso de un joven de 15 años, los oficiales lo golpearon y presionaron para que afirmara que en la vivienda se vendían drogas y armas, acusación que fue completamente rechazada por la familia.
Maribel fue golpeada y sometida a tratos inhumanos durante el operativo, de acuerdo con el testimonio de su sobrina, niña que narró como la golpeaban, pateaban y echaban agua.
El abogado de la familia, Jesús Urbina Montero, ha expresado su preocupación al no poder contactar a Maribel desde su detención y ha señalado que la falta de información sobre los cargos que enfrenta refleja la falta de transparencia y posible abuso de poder por parte de las autoridades.
Maribel se dedica al trabajo doméstico y ha mantenido siempre una vida tranquila y honesta, lo que hace aún más incomprensible la acusación en su contra.
Gabriela Domínguez
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