Legisladoras del PRI y su coordinador, Rubén Moreira Valdez, informaron que presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la decisión del Gobierno Federal de excluir a los menores de 5 a 14 años de la vacunación contra Covid-19.
El diputado Moreira Valdez externó la preocupación de las y los priistas, en el sentido de que la actual administración no cuente con una ruta de vacunación que permita a las y los mexicanos enfrentar el Covid-19 y disminuir los riesgos, en particular, a los menores.
Por tal motivo informó que las y los legisladores del PRI acordaron impulsar distintas acciones jurídicas en esta materia, ya que uno de los acuerdos de su plenaria fue priorizar el tema de la salud.
Por su parte, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) detalló que promovió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la negativa del Gobierno de México para vacunar a menores de 5 a 14 años.
“Exigimos que se investigue la razón de esta omisión y que se inmunice a la infancia mexicana a la brevedad”, resaltó.
Indicó que se han registrado 87 mil niños contagiados y 758 han perdido la vida por Covid-19, por tal motivo, solicitaron a la CNDH investigar a distintas dependencias nacionales y sus titulares.
Sostuvo que en representación de millones de padres de familia decidieron presentar esta queja, ya que consideró que con esta decisión se contraviene en el interés superior de la niñez, que protege sus derechos a la salud, educación, igualdad y prevención.
Además, la omisión de la vacunación constituye un hecho de discriminación, poniendo el alto riesgo a los menores y familiares.
Advirtió que en caso de que la CNDH no haga caso, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la legisladora Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, pidió al Gobierno Federal incluir en la estrategia de vacunación a los menores de edad sin condicionar que sufran de alguna comorbilidad.
Lamentó que se tenga que recurrir a los amparos o a la CNDH “para obligar al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad para apoyar a uno de los sectores más sensibles de la población”.
