Orizaba, Ver.- Las cuatro trabajadoras sindicalizadas del módulo del SAT que fueron notificadas de su cese en los primeros días de febrero, se plantaron ante las oficinas de este organismo para denunciar la violencia laboral, institucional y discriminatoria de la que, aseguran, han sido objeto.
Indicaron que su despido es injustificado y exigen su reinstalación.
Además, aseguraron que su cese tiene antecedentes desde 2019, cuando en la dependencia comenzó el acoso por parte de la subadministradora María del Carmen Arzola Estrada, quien presionó a muchas de sus compañeras de edad avanzada a pedir su retiro para no perder su antigüedad.
Aseguran que la funcionaria quiere solo gente joven el área de Servicios al Contribuyente.
Recordaron que ellas fueron despedidas luego de que una de sus compañeras enfermó de Covid-19 y se confinaran por prevención, lo que fue utilizado como pretexto para despedirlas argumentando ausentismo de su área laboral.
Señalaron que el acoso fue tanto que les negaron sus más mínimos derechos, por ejemplo el derecho a la salud de ellas y de sus hijos, pues el mismo día en que fueron dadas de baja se les negó el servicio médico en el ISSSTE.
Recordaron que aunque la ley marca que un trabajador puede gozar de esa prestación en los siguientes 60 días a su despido, en la institución les negaron el servicio, les dijeron que no aparecían en el sistema y hasta les quisieron quitar su carnet.
Las trabajadoras, quienes recurrieron a la autoridad laboral, lamentaron que organismos del Estado afecten de esa manera sus derechos, dejándolas sin el sustento con pretextos fuera de la ley.
Gabriela Domínguez
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