Xalapa, Ver.- Organizaciones civiles y ciudadanos exigieron, a través de una carta, la liberación y garantía de salud para la ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli “N”, a quien califican como presa política desde hace 670 días.
El documento explica que el pasado 16 de enero Yolli “N” fue ingresada al Hospital Civil por un problema cardiaco y ante el temor de que vaya a ser reingresada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo han pedido que permanezca en el nosocomio.
La carta está dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Secretaría de Seguridad Pública; de Salud y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
Yolli “N” fue detenida en marzo de 2020 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición e incumplimiento de un deber legal, y desde entonces permanece en el penal de Pacho Viejo.
En el desplegado también hacen referencia que la imposición de prisión preventiva contra la ex funcionaria es una reacción desproporcionada del sistema de justicia y que además evidencia violencia política de género pues los dos comisionados hombres que también enfrentan procesos judiciales, están en libertad.
“Ha tenido por parte del sistema de justicia un trato diferenciado respecto de los dos ex comisionados hombres quienes también pertenecían al Pleno del organismo autónomo de transparencia. Los tres entonces comisionados aprobaron por unanimidad las mismas decisiones colegiadas y a la fecha Yolli es la única que está en condiciones de reclusión, mientras que los ex comisionados llevan el proceso en libertad, como legalmente corresponde”.
Hay que recordar que la la Fiscalía General de Veracruz señala a Yolli “N” tras la denuncia del titular del Organo Interno de Control del IVAI, Alfonso Velázquez Trejo, por autorizar dos nombramientos y no contestar unos oficios de asignación presupuestal. A la ex comisionada se le dictó prisión preventiva justificada’ y tiene 670 días sin sentencia.
La carta está firmada por casi 100 personas, académicos, abogados, y coordinadores de organizaciones como Lucy Larrosa, coordinadora de Miranda Ciudadana, Uruguay e Integrante de la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible; Luz Elena Martínez García, integrante de Fundación Diversas Coahuila AC y Fundación cambiando vidas cambiando mentes; además, María del Carmen Nava Polina, politóloga y aperturista y comisionada de Transparencia de Ciudad de México, entre otros.
Con información de AVC
