Orizaba, Ver.- Autoridades municipales y unos 50 policías, desalojaron seis iglesias evangélicas apostadas en las antiguas instalaciones de Icinemas.
Esta mañana, al inmueble ubicado en Norte 4 entre Oriente 27 y 29 llegó la síndica Michelle Fragoso, acompañada por la coordinadora del departamento jurídico América Argumed; el tesorero Javier López, el secretario particular del alcalde, Jesús Rubiera y un notario público, quienes sin ningún documento tomaron posesión del inmueble.
Más de 20 patrullas de la policía municipal, rodearon el edificio, mientras que las autoridades solicitaban desalojar a quienes se encontraban al interior.
Cuadrillas de los departamentos de bacheo y servicios municipales comenzaron a desalojar ventiladores, sillas, mesas, cajas, trastes y otros artículos.
Daniel Quiroga Martínez representante legal de ministerio cristiano Vida en Plenitud dijo que fueron desalojados, a pesar de contar con un convenio con el propietario.
«No traían ningún documento, les pedimos la orden de un juez pero no la traen, simplemente trajeron a la policía municipal y a los trabajadores del ayuntamiento para sacar las cosas, vinieron en un horario en donde no había nadie e intentaron entrar por la fuerza, rompieron unos cristales y la gente que estaba adentro les abrió para que ya no dañaran más el inmueble, pero repito, no traen ninguna orden judicial de desalojo».
Quiroga lamentó el proceder del ayuntamiento, pues no se trata de delincuentes, sino de personas que hacen oración para el bien de la comunidad.
«Es una violación a todas luces al procedimiento judicial, vinieron sin avisar, no realizaron ninguna notificación, no vino ningún secretario de acuerdos, ni un actuario, ni un represente de un juzgado civil».
Aseguró que hace tres semanas, el pastor Carlos Aburto, sostuvo una reunión con el alcalde Juan Manuel Diez Francos, quien le pidió desalojar el inmueble en un lapso no mayor a seis meses, pues había sido adquirido por el ayuntamiento
«Si ya había un acuerdo de palabra, y si el alcalde no lo respeta, entonces volvemos a ver una intransigencia de parte de las autoridades, a pesar de que existiera un embargo de parte del juzgado, debieron habernos notificado, el ayuntamiento».
Con información de AVC
