Xalapa, Ver.- Pobladores de Jalcomulco y de otras comunidades lograron que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el pasado 17 de mayo el decreto que devuelve la veda de pesca a los ríos de la cuenca de La Antigua y Actopan, lo que impedirá que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expida nuevos títulos de concesión.
Este caso adquiere una gran relevancia en el camino hacia la transformación del paradigma que prevalece en México sobre el manejo del agua, buscando que el marco legal reconozca la importancia que tienen las comunidades indígenas y campesinas en la gestión de este recurso, así como los usos, prácticas y costumbres que han prevalecido a lo largo de los años en el manejo tradicional del agua. Este caso también visibiliza la necesidad de expedir Ley General de Aguas que está pendiente desde 2012.
Lo anterior fue expresado por la organización Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), al celebrar la reinstalación de la veda, la cual fue levantada en el 2018.
«Ocho años de lucha, les llevó a los pobladores de Jalcomulco, lograr que el presidente en turno, le regresara la protección al Rio por medio de Decreto Presidencial y evitar que particulares exploten el afluente», expresaron en un comunicado.
En cumplimiento a la sentencia dictada por el Juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz en el juicio de amparo 687/2018, el Ejecutivo Federal ha expedido este nuevo decreto que busca reparar las violaciones a los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos que habitan en dichas cuencas, y cuyo efecto es el de volver a proteger la totalidad de los caudales de los ríos.
Además de ello, el juez determinó que la gestión de los ríos deberá ser compartida ahora entre las autoridades y las comunidades, en razón del vínculo cercano que tienen con los ríos y las formas de manejo tradicional del agua, lo cual representa una nueva forma de gestión de las cuencas en México.
En su sentencia el Juez Décimo Octavo reconoció, a partir de la aplicación del principio precautorio, que dicho decreto y otros actos de autoridad sí causarían un impacto significativo a las comunidades que dependen de los ríos Antigua y Actopan: con la disminución en sus caudales se afectarían a los ecosistemas, así como a la economía y la cultura de los pueblos y comunidades que dependen de estos ríos.
Vigilan a Odebrecht
Los integrantes del Colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres colocaron un Campamento que llamaron Centinelas del Río a la altura del predio “El Tamarindo” localizado entre los límites de la comunidad de Tuzamapa, perteneciente al municipio de Coatepec y Jalcomulco. Desde ahí, vigilaban que la empresa brasileña Odebrecht no retomara los trabajos que había iniciado con el que pretendía llevarse el agua.
En el gobierno de Javier Duarte, la empresa brasileña en 2010 habría aportado medio millón de dólares a la campaña, a cambio de la construcción de una presa en el río La Antigua.
Tiempo después, en agosto de 2011 -ya convertido en gobernador- Duarte de Ochoa viajó a Sao Paulo para reunirse con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa donde se acordó iniciar el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, mediante el cual se cedían los derechos del Río La Antigua a Odebrecht.
La intención era que la empresa brasileña construyera una presa y una hidroeléctrica para abastecer, agua y electricidad a la capital del estado.
Todo esto, a costa de más de 21 comunidades aledañas que dependen del agua del río: la mayoría vive del ecoturismo, el resto son campesinos y pescadores.
Por la oposición de los habitantes que se organizaron y mantuvieron durante ocho años un campamento de resistencia, no se logró concretar este proyecto hidroeléctrico.
Hicieron de todo, vigilaban desde el campamento, acudían a foros, hicieron marchas, protestaron y hasta persiguieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en varias giras que hizo al estado para que cumpliera lo que les prometió en campaña.
Linda Mora
