¿CEDH convalida abusos?
*El caso de Junicuil Manso en Coatepec
*¡Andrea es inocente!, la madre que quiere justicia para su hija
Por Omar Zúñiga
Gente congregada en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), encabezada por Ramón González Gómez, tiene desde hace varios años ocupado de manera ilegal un predio de 2 mil hectáreas en la zona montañosa de Coatepec, (rumbo al rancho El Trianón); es decir, invasores de tierras, antes conocidos como paracaidistas, tan socorridos por las organizaciones gremiales para darle tierra a sus organizaciones a cambio de favores, aún a costa de la ilegalidad, es decir despojar a sus legítimos propietarios de lo que les pertenece, pero eso no es noticia nueva..
Lo nuevo, es que nos hicieron llegar una denuncia, donde relatan que el pasado sábado 12 de noviembre en el predio conocido como Jinicuil Manso, se burló una instrucción judicial -por enésima ocasión- que dispone la restitución de estos terrenos a sus legítimos propietarios, diligencia encabezada por el titular de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatepec Alfredo Edgar Pérez Medina, quien se negó a ejecutar la orden, porque el observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (por acción u omisión) no se presentó y todo se lo llevó el rancho del presidente.
Los denunciantes explican que la CIOAC, con la abierta complacencia del gobierno de Veracruz, invadieron y despojaron de sus bienes a pequeños propietarios en el municipio de Coatepec, cometiendo no solamente el despojo, sino que además han ocasionado daños al medio ambiente poniendo en riesgo el abasto de agua a varios municipios aledaños, entre ellos, la propia capital del Estado.
Dicen que para lograr su cometido, los invasores han falsificado documentos, usado la violencia, intimidación, amenazas, incluso privación de la libertad; han usado a mujeres, niñas y niños y a personas adultos mayores como carne de cañón y escudos humanos; y han contado también con la complicidad de distintas autoridades: desde fiscales hasta policías, jueces locales, y ahora, “ignominiosamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz”, quien a pesar de haber sido notificada en tiempo y forma para que estuviera presente en esta diligencia, simple y llanamente no llegó nadie y los denunciantes cuestionan si la doctora Namiko Matzumoto, la ombudsperson jarocha, estará enterada de este penoso asunto… y a la fecha no hay respuesta a su interrogante.
Detallan que son ya siete las ocasiones que se ha burlado la orden judicial que ordena la restitución de los predios a sus legítimos propietarios, y destacan que cuantas veces ha sido llevado este tema por parte de la CIOAC ante el Poder Judicial Federal, las mismas ocasiones que los amparos promovidos por los invasores han sido negados, lo mismo que las suspensiones.
En cambio, solamente forzados también por la Justicia Federal, se ha logrado avanzar por lo menos para lograr que la fuerza pública estatal se presente a cumplir (o al menos simular) la orden judicial; sin embargo sigue el manto de la impunidad cobijando a los invasores, y para conseguir en esta ocasión detener la restitución judicialmente dispuesta, habiéndose ordenado la intervención de la CEDH para constatar el respeto a los derechos humanos en el acto, dicho organismo decidió no presentarse, y aquí viene un señalamiento directo de los propietarios de la tierra, pues advierten que la ausencia de la CEDH se motiva en que habría una instrucción del gobierno del Estado para impedir que se cumpla la orden judicial, entonces, estaríamos hablando de una simulación total y que hay intereses muy fuertes, de alguien muy poderoso en Palacio de Gobierno -que no es el gobernador- y que tiene intereses muy marcados en Coatepec. ¿Será?
Pero bueno, de ser cierto esto, los denunciantes aseguran que la Comisión Estatal de Derechos Humanos perdió ya su autonomía, en el mismo tenor que claudicó a ella la Comisión Nacional.
“Durante este periodo de absoluta impunidad, alentados por las autoridades estatales, los invasores han pretendido sostener una imaginaria legalidad de sus delitos: mienten al asegurar que están asentados en tales predios desde 1976 porque sustentan su dicho en “constancias de posesión” que fueron falsificadas (lo que es motivo de otro proceso penal); se presentan como seguidores del presidente de México, quien no está enterado que en su nombre se cometen delitos y en Veracruz se toleran, e intentan usar la polarización que vive México argumentando que despojaron a personas ricas y poderosas que -notoriamente- no lo somos”.
Aseguran que es más penoso aún, advertir que la Federación permanece indiferente frente a delitos ecológicos, porque pareciera que es más importante preservar la afinidad política con una organización fantasma, que no agraviar a veracruzanos que, fundadamente temen quedarse sin agua.
“Lo sabrían si quienes están encargados de la política interior del Estado supieran hacer su trabajo, y advirtieran que la CIOAC nada representa en el único tópico que interesa a quienes aquí gobiernan: el electoral, porque visto está que el respeto a la legalidad y a las víctimas es nulo”.
Como colofón, las familias dueñas de estas tierras exigen justicia y advierten que no se detendrán, aun a sabiendas de que “la procuración e impartición de Justicia en Veracruz están maniatadas y contaminadas”, pero seguirán confiando en las instancias del Poder Judicial Federal hasta lograr que las órdenes judiciales se cumplan y se les restituyan sus propiedades. Uuuuffff.
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La señora Lorena Jara, madre de la joven Andrea Aguilar, sentenciada en Minatitlán por feminicidio, denuncia que el proceso de su hija ha estado plagado de irregularidades y hoy a las 10:00 horas dará detalles de este caso en La Parroquia de la calle Enríquez, Xalapa, para visibilizar este abuso por parte de un juez que habría sido sucumbido a las presiones del poder o del dinero, para sentenciar a una inocente. Allá nos vemos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmaail.com
