Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez está obligado a respetar la ley, que establece cuáles son sus atribuciones, si se excede o se extralimita, estaría incurriendo en abuso de autoridad, que dentro del Código Penal se sanciona con una pena de dos a ocho años de prisión, aseveró el senador Dante Delgado Rannauro.
El líder de Movimiento Ciudadano recomendó al gobernador asesorarse para evitar hacer declaraciones a la ligera, pues en algunos casos se excede de las atribuciones y viola la autonomía de la propia Fiscalía General.
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez calculó que poco más de 200 personas que fueron detenidas por ultrajes a la autoridad podrían recobrar su libertad, sin embargo, acotó, que en al menos 90 casos tanto la Fiscalía como el Poder Judicial estaban trabajando en integrar nuevas carpetas de investigación, para mantenerlos en prisión.
En ese sentido, Delgado Rannauro recordó que la autoridad puede hacer lo que la ley le permite, “todos esos comentarios que usted hace son declaraciones para las que el presidente de la República, en el ámbito federal, y el gobernador están imposibilitados para hacerlas. La ley no le da facultades en esa materia”.
Cuando alguien se excede en esas atribuciones, abundó, cae en abuso de autoridad y abuso de poder, “la recomendación que les hago es que se pongan a trabajar en lo que tiene que hacer, y que dejen que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen en consecuencia”.
Y recomendó a ministerios públicos, jueces, magistrados y fiscales a que actúen conforme a la ley, porque, si se exceden o usan el camino rápido para procurar justicia, agraviando a las personas, podrían ser imputados.
Dante recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió en la recomendación 146/2021 ponga a disposición del Ministerio Público a los seis policías por detener a seis jóvenes, y no lo ha hecho, ahí se configura la omisión de un deber legal.
“Como diría mi abuelita, pero qué necesidad de hablar de lo que está hablando la Corte; y qué necesidad de querer cuestionar a quiénes deben estar gozando de la libertad a la que tiene derecho, porque se convirtieron en su contra actos arbitrarios”.
El ser insistente en actos arbitrarios es moralmente impropio, políticamente inadecuado y penalmente sancionable, y destacó que el manto protector del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia García Jiménez se va a acabar en algún momento.
Según el Código Penal, el artículo 317 determina que se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que ilegalmente ordene o ejecute un acto o inicie un procedimiento, en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien.
Ante la decisión de la corte, se pronunció porque se inicien procesos penales para que todos los involucrados en la detención de las personas inocentes sean sancionados, “quien la hizo va a tener que pagarla”.
Con información de AVC
