Xalapa Ver.- El 75 por ciento de la población veracruzana considera corruptos a los agentes de tránsito, incluso por encima de los jueces a los que la población considera corruptos en un 64 por ciento, revela un estudio del Observatorio de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV).
El organismo calculó también que las pérdidas económicas por año en el estado, con motivo de la inseguridad, ascienden a 11 mil 824 millones de pesos.
En la medida que la inseguridad está asociada a la corrupción de las autoridades, se observa que 75% de la población en Veracruz considera a los agentes de tránsito como las autoridades más corruptas, le siguen los jueces a los que 64% de la población considera corruptos.
61% de los veracruzanos considera corrupta a la policía municipal, 58 al ministerio público, fiscalías estatales y policía estatal; 56% a la policía ministerial y 52% a la Fiscalía General de la República.
Esta percepción de corrupción está íntimamente relacionada con la que existe respecto al desempeño que tienen las autoridades.
En este sentido, se observa que 42% de la población considera poco efectivo el trabajo de los agentes de tránsito, 39% de la policía municipal, 35% de la policía estatal, 33 de la policía ministerial y 32% del ministerio público y fiscalía estatal.
Debido a condiciones de inseguridad, los veracruzanos han modificado sus actividades cotidianas por temor a ser víctimas de algún delito.
Así, 67% de la población ya no permite que sus hijos menores de edad salgan a la calle, 55% dejó de usar joyas públicamente, 49 dejó de salir de noche, 38% ya no lleva dinero en efectivo, 35% dejó de ir al cine o al teatro, 33% dejó de salir a caminar y 33% ya no sale a visitar parientes o amigos.
En Veracruz, el costo que paga la población por los delitos que sufre, alcanza un valor anual de 11 mil 824 millones de pesos (mdp), de los cuales, 56%, es decir 6,579 millones de pesos son pérdidas a consecuencia del delito, 41%, esto es 4,855 mdp son gastos en medidas de protección en los que incurre la población para protegerse y 399 mdp (3.3%) son gastos derivados de daños a la salud ocasionados por los delitos.
Linda Mora
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