Xalapa, Ver.- La creación de las comisiones de búsqueda y el compromiso de construir centros con alta tecnología para el estudio genético, que identifiquen científicamente los restos de personas desaparecidas, son muestras de las respuestas asertivas para enfrentar este fenómeno; sin embargo, también es necesaria la actualización de la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas, expresó la diputada Margarita Corro Mendoza.
Al dar la bienvenida a la mesa de trabajo para el análisis y retos de la implementación de esta normativa, la presidenta de la Comisión de Gobernación subrayó que los fenómenos sociales avanzan mientras que las Leyes ‘envejecen’, por lo que se deben actualizar para corresponder a los retos y demandas que enfrenta la población, como es el caso de las familias de víctimas de desaparición.
“Nos hemos dado cita aquí para sumar esfuerzos en analizar y modificar la Ley 677, bajo un esquema de participación y colaboración de los diversos grupos de la propia sociedad civil, donde debemos destacar al propio Consejo Estatal Ciudadano, a los colectivos formados por familiares de las víctimas, quienes se han destacado en la lucha por la defensa de los derechos humanos; a los que desde el campo de las ciencias criminalísticas y forenses se involucran en el tema. A todos los que humanísticamente se comprometen a enfrentar el grave problema y encontrar mecanismos de solución”, expresó.
Lamentó que desde hace varias décadas la violencia se ha ensanchado con las familias más desprotegidas, particularmente con las mujeres, en un proceso criminal que comienza con su desaparición, sea forzada producto de los diversos organismos de seguridad o a manos de civiles organizados en bandas criminales.
Por consiguiente, continuó, el Estado y los diversos gobiernos tienen la obligación de conformar un sistema de seguridad que combata este delito, aplicarse para resolverlo, dar con los desaparecidos y reintegrarlos a sus familias, privilegiando sus vidas, y en casos trágicos de deceso, entregar los cuerpos a sus deudos, y señaló que actualmente la Organización de las Naciones Unidas y organismos del país reconocen como cifra preliminar 100 mil personas desaparecidas en México.
“Con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre del 2017, y la Ley en Materia de Desaparición de Personas para Veracruz (Ley 677), se llenó una parte del vacío legal que existía sobre este tema trágico y desgarrador para las y los ciudadanos. Como resultado de esta ley, integramos el Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas, como máxima expresión de una sociedad civil organizada y empoderada que coparticipa” dijo.
La diputada por el distrito de Cosamaloapan refrendó su solidaridad y apoyo a las familias de dichas víctimas, ya que “desaparecer sin causa alguna, siempre produce profundos sentimientos de angustia al núcleo familiar y social al que se pertenece; desaparecer en medio de la acción de bandas criminales da pie a una agonía y un luto que no se resuelve nunca, hasta dar con los desaparecidos o los no localizados”.
