Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que administra Víctor Rosaldo Carranza, inició una controversia constitucional para exigir el pago de 11 millones de pesos que se han retenido y pagado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por adeudos anteriores.
La oficina operadora que administraba la Comisión de Agua del Estado de Veracruz tenía pasivos que le fueron transferidos al municipio.
Recientemente el alcalde Víctor Carranza informó que acudió a la SCJN para exigir el pago de 11.5 millones de pesos que se le han retenido desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) desde el año pasado hasta la fecha.
Sin embargo, esos recursos forman parte de los pasivos que dejó la propia CAEV y que se asumen al momento de aceptar la municipalización de la comisión de agua.
El alcalde dijo que en caso de que no prospere la Controversia Constitucional buscarán otras instancias legales, ya que este organismo de cuenca sigue como un ente descentralizado con patrimonio propio.
“La CMAS es un ente con personalidad propia, con poder propio, con patrimonio propio y el Ayuntamiento solo entra en su Órgano de Gobierno para el servicio que se está otorgando y cómo se está llevando a cabo. Pero eso no quiere decir que la CMAS sea parte del ayuntamiento, es un ente independiente”, aclaró.
Los pasivos que arrastra la comisión son pagos que no realizó la CAEV en pasadas administraciones, muchos de ellos son laudos y deudas en fondos específicos.
El seis de abril del 2020 se formalizó la entrega de la Comisión de Agua al municipio, en el evento se estableció que, al transferir la función y servicio público, bajo la entrega de bienes muebles e inmuebles, así como recursos financieros y demás derechos y obligaciones que corresponden para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.
El acuerdo se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 27 de marzo del 2020 y fue el propio Víctor Carranza Rosaldo, a través del oficio PRES-194/2020 quien solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la transferencia del servicio público.
El 27 de ese mismo mes el gobernador aceptó transferir el servicio al municipio y se publicó en la gaceta número extraordinario 126. Fue el seis de abril de ese mismo año cuando se realizó la ceremonia de protocolo en la que se hicieron al menos 15 observaciones sobre irregularidades, sin embargo, ninguna se relaciona con pasivos.
