Xalapa, Ver.- Veracruz pasó de ser el cuarto Congreso más caro del país, a ser el octavo, es decir, redujo cuatro puntos sus gastos, pero aún así, está entre los diez, de 32, que mayor gasto generan por congresista o diputado, de acuerdo a un análisis hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), gasta 15.0 millones de pesos anuales por Diputado.
Llama la atención que esta Legislatura es la más ausente en sesiones, incluso con el pretexto de la pandemia, sesionan virtualmente, curiosamente, sí van a eventos presenciales cuando se trata de apoyar actividades políticas, fue el caso de la semana pasada, cuando el Palacio Legislativo cerró puertas, sesionó de manera virtual, con el argumento que había muchos casos de Covid en el palacio legislativo, pero fueron la mayoría de diputados morenistas a un evento con Rocio Nahle al WTC de Boca del Río el viernes pasado.
En Veracruz se da a la par una situación donde los diputados redujeron su gasto corriente en papelería de oficinas en 50 millones de pesos anuales, sin embargo, siguen teniendo un salario formal de 58 mil pesos, y dietas o bonos que los hacen ganar desde 130 mil hasta más de 200 mil pesos al mes, esto lo admitió en una entrevista reciente el diputado Luis Ronaldo Zarate, quien promueve desde hace dos años una iniciativa solo para bajar sueldos fijos y no la dieta ni bonos de diputados.
Incluso el salario de los legisladores veracruzanos (ya con bonos) es superior al del gobernador Cuitláhuac García, quién no solo se bajó el sueldo, sino que también eliminó la dieta que tenían gobernadores en el pasado donde llegaban a ganar 300 mil al mes o más.
El pasado 18 de julio el mandatario veracruzano señaló: “Sí, yo gano 60 mil pesos mensuales, mi exhorto es que todos nos apegaramos ahí, pero resultó que no, pero tampoco puedo obligarlos y el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 nominales y se los salta. Los 60 mil los sudo diarios y la responsabilidad es enorme”.
Aunado a esto, el IMCO también resalta que Veracruz es uno de los estados que menos aporta a su auditoría estatal -el ORFIS- pues solo invierte 27 pesos por habitante para auditar entes.
IMCO destaca en su informe de julio, que existen grandes “asimetrías presupuestales entre los congresos y las auditorías estatales que no responden a las diferencias poblacionales, económicas o territoriales de los estados”.
Si bien las auditorías estatales tendrán 10% más recursos en 2022 que en 2021, todavía hay estados que destinan pocos recursos a ellas.
IMCO señala que los poderes legislativos no solo importan para redactar o desechar leyes: sus responsabilidades incluyen aprobar y modificar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales.
Las auditorías, en particular, son relevantes porque vigilan el ejercicio del gasto público y su transparencia. Contar con poderes legislativos estatales profesionales y transparentes es esencial para la competitividad de los estados.
Linda Mora
