Xalapa, Ver.-El diputado Paul Martínez Marie, miembro de la comisión de Vigilancia del Congreso local, informó que no se han reunido con la titular del ORFIS, Delia González Cobos, para exponerle en qué consiste la nueva revisión que tendrá que hacer a las Cuentas Públicas.
El 24 de octubre, el Congreso de Veracruz determinó no aprobar la Cuenta Pública del 2021 y dio un plazo de 90 días para que el Orfis realice una nueva revisión; le quedan menos de 60 días para cumplir con la encomienda.
Marie adelantó que la Comisión de Vigilancia le solicitará que se tomen en cuenta todas las denuncias del proceso de entrega-recepción que hicieron las actuales autoridades, sobre las obras de mala calidad y las deficiencias que encontraron al tomar las riendas de los municipios.
Desde que el Pleno rechazó la Cuenta Pública, los diputados no se han reunido con personal del Órgano de Fiscalización y solo han dado declaraciones al respecto.
La auditora pidió más dinero y conocer a detalle qué era lo que querían los diputados para empezar a programar el trabajo que se empalma con la revisión del 2022, pero no hubo ampliación presupuestal ni ha habido reunión.
El diputado Paul Martínez aseguró que no es “show” la negativa de aprobar la Cuenta 2021 y confió en que el ORFIS tendrá tiempo de responder en el plazo que le queda.
“Ya redactamos un documento explicándole lo que queremos”.
Mencionó que, en primer término, el ORFIS tendrá que ampliar el periodo de solventación para los entes municipales, con la idea de que los ex alcaldes presenten las pruebas de cómo manejaron el recurso en el 2021.
También le pedirán que haga un exhorto y se obligue a los ayuntamientos a que se les certifique la documentación que solicitaron los ex alcaldes, “ellos tienen la potestad para pedirlo a las nuevas autoridades”.
Explicó que para justificar el manejo de los fondos públicos, los ex alcaldes deben entregar documentación certificada de quienes están en el cargo, para corroborar que la documentación es oficial, para realizar el acto administrativo algunos ayuntamientos estaban pidiendo pagar hasta mil pesos por hoja, exigiendo hasta 700 mil pesos a la administración saliente.
Linda Mora
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