Xalapa, Ver.- El Pleno de la LXVI Legislatura avaló el dictamen sobre los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2021 presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
Con 35 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, el Congreso de Veracruz avaló que el daño patrimonial inicialmente estimado de 3 mil 299 millones se redujo a 2 mil 940 millones 484 mil 690 pesos, entre estado y municipios.
El dictamen emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia no fue firmado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) representada por el diputado Marlon Ramirez Marín y por el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería Molina.
En octubre del 2022, el Congreso Local rechazó el primer Informe de la cuenta pública del 2021, y dieron un plazo de 90 días al ORFIS para realizar una nueva revisión.
En esta segunda revisión fueron siete ayuntamientos los únicos que solventaron observaciones por 355 millones 74 mil 114.86 pesos.
Las ex administraciones municipales que pudieron solventar el daño patrimonial que tenían fueron Agua Dulce, Coatepec, Ixhuatlán del Café, Nogales, Soledad Atzompa, Tonayan y Totutla.
Con respecto al Poder Ejecutivo, derivado de las auditorías financiera y técnica a la obra pública, en tres dependencias y 31 organismos públicos descentralizados, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por 189 millones 899 mil 820 pesos.
En el caso del Poder Judicial, no se detectó irregularidad alguna que haga presumir la existencia de un presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias que dieron lugar a recomendaciones. Resultados similares arrojó la auditoría a los organismos autónomos, a la Universidad Veracruzana y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las auditorías realizadas al Instituto Veracruzano del Deporte correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 arrojan la detección de irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 33 millones 390 mil 140 pesos y 3 millones 933 mil 157 pesos, respectivamente, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, en ambos casos.
«No nos equivocamos al rechazar la Cuenta Pública y solicitar otra revisión al informe de resultados, hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas«, expresó el diputado local, Rafa Fararoni Magaña.
Al hacer uso de la voz como presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia en el Congreso de Veracruz, el legislador señaló que el Poder Legislativo está lejos de ser una oficialía de partes, y de someter a votación un dictamen solo por mero trámite; pues a diferencia del pasado, ya no se hacen las cosas en lo «oscurito» o «de lado», y expresó: «Si algo no está bien, se señala y se dice».
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Diaz Ávila, dijo que hubo despachos que anteriormente se prestaban a la limpia de las Cuentas Públicas.
En tribuna, la diputada del PVEM, Citlalli Medellín, se quejó de que pese a esta segunda oportunidad, varios alcaldes entrantes obstruyeron a los ediles salientes al no permitirles acceso a documentos que necesitaban para solventar observaciones.
Linda Mora
Auditora advierte “incertidumbre política” si rechazan cuenta
