Xalapa, Ver.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y otras seis organizaciones advirtieron nuevamente que la construcción del gasoducto extensión sureste etapa II en el Golfo de México es una amenaza para el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.
Ante ello, solicitaron a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) no autorizar el megaproyecto dado que fue fragmentado indebidamente para su evaluación de impacto ambiental, dado que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalan que el impacto debe analizarse en su conjunto.
El megaproyecto de infraestructura está dividido en dos etapas que se llevarán a cabo en los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Coatzacoalcos del estado de Veracruz, y en el municipio de Paraíso del estado de Tabasco. La finalidad, transportar gas natural y abastecer la creciente demanda vinculada con la Refinería Dos Bocas y el Corredor Industrial Transístmico.
También exigieron solicitar a Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. presentar una sola Manifestación de Impacto Ambiental de tal forma que se evalúen todas las partes del proyecto y su impacto acumulativo; y garantizar una consulta pública bajo los estándares del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
En febrero del 2022, la Primera Sala de la SCJN emitió una sentencia relacionada con el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz en la cual se establece que los proyectos sometidos al PEI deben ser evaluados de forma integral, no fragmentada y utilizando la mejor ciencia disponible.
La ASEA aprobó el proyecto del Gasoducto “Etapa I” recurriendo a prácticas prohibidas recientemente por la SCJN, como son la fragmentación del proyecto y el no uso de la mejor ciencia posible.
El posicionamiento señala también que frente a la crisis climática, cuyos efectos ya son visibles en las playas de Veracruz por el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos, es urgente generar una transición energética justa en lugar de seguir invirtiendo en infraestructura para energía fósil.
“Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que se incorporen los estándares establecidos en la sentencia de la Suprema Corte y el Acuerdo de Escazú en la LGEEPA, pues el modelo actual del PEIA está agotado”.
Con información de AVC
