“LA REFORMA ELÉCTRICA Y SU TRÁNSITO CONSTITUCIONAL”
Por el Dr. Carlos Javier Verduzco Reina.
Como seguramente usted habrá escuchado o visto, el pasado 17 de abril se discutió en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto de reforma que envió el titular del Ejecutivo Federal a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llamada coloquialmente Reforma Eléctrica. Fue ampliamente difundido también que el mencionado proyecto fue desechado por no alcanzar las dos terceras partes de sufragios a favor de los diputados presentes al momento de discutir y votar la iniciativa.
La reforma impulsada por el presidente de la República pretendía de manera general desaparecer la figura que mantiene hoy a la Comisión Federal de Electricidad organizada mediante la figura de subsidiarias y filiales y constituirla, en cambio, como un solo organismo del Estado con personalidad jurídica propia que de aprobarse la reforma, promovería una colaboración diferente a la hasta hoy conocida en la generación eléctrica con el sector privado, permitiendo la participación de los particulares hasta en un 46% de la generación de energía. Así, el Estado, a través de la CFE garantizaría con el 54% de participación directa, recuperar la conducción del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la propia CFE, que preservaría, según el proyecto desechado, la seguridad energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población.[1]
Sin embargo y con independencia de analizar las bondades o no de la fallida reforma, consideramos importante analizar la relevancia de lo que representa para el derecho mexicano una reforma directa al texto constitucional.
La doctrina constitucional tradicionalmente establece, desde la perspectiva de la reforma a sus propios artículos, dos tipos de constitución, la llamada flexible y la constitución rígida. La primera se denomina flexible porque el procedimiento para reformar a la constitución es el mismo que se sigue para la aprobación de una nueva ley o una reforma a una ya vigente en el congreso. Es decir, en una constitución flexible esta se reforma con un procedimiento idéntico al de creación o de reforma de una ley ordinaria. En cambio, la constitución conocida como rígida establece un procedimiento especial, diferente que requiere por lo general mayorías calificadas para reformar el texto constitucional.
En México el artículo 135 de nuestra Constitución establece la posibilidad de reformar su texto a partir del procedimiento previsto en dicho numeral que medularmente consiste en lo siguiente: “Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”. Así, podemos afirmar que nuestra Constitución es rígida pues requiere para ser reformada de una mayoría calificada en ambas cámaras, además de la aprobación, también mayoritaria de las Legislaturas de los Estados para considerar procedente y declarar válida la reforma propuesta.
El hecho del que fuimos testigos el pasado domingo llama a la reflexión porque no recordamos que una reforma constitucional propuesta por el presidente de la República no haya logrado siquiera transitar en la cámara de origen. Es decir, que haya sido desechada por falta de los votos suficientes para poder declararla valida y enviarla en consecuencia a la cámara revisora que en este caso sería la Cámara de Senadores. De acuerdo con las crónicas publicadas en la prensa nacional, de los 500 diputados que conforman la llamada cámara baja, estuvieron presentes en la sesión 498 diputadas y diputados (quorum inédito, por cierto), de los cuales se registraron 223 votos en contra de la iniciativa y 275 votos a favor, frente a los 334 necesarios para declararla válida.
Lo anterior nos parece, deja en principio varias lecturas interesantes. De inicio y contrariamente a lo que observamos en la primera parte de la administración del presidente López Obrador, el partido del gobierno ya no cuenta con mayoría calificada que sí tuvo en la primera parte del sexenio en la Cámara de Diputados y que de manera prácticamente unilateral le permitía impulsar cualquier modificación a la Constitución o a cualquier Ley Ordinaria sin la necesidad de sumar a su propuesta el voto de los partidos de oposición. Hoy, en cambio, la situación es distinta. Aunque Morena cuenta con la mayoría de los diputados, ya no le basta con el voto de sus aliados tradicionales, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para obtener la mayoría calificada que una reforma constitucional exige pues unidos los tres partidos suman justamente los 275 que mostró en la sesión del 17 de abril. Ahora requiere, en consecuencia, de votos de los partidos que sí han manifestado oposición al proyecto de gobierno que encabeza el presidente de la República.
Sin embargo, y esta sería la segunda de las lecturas interesantes, observamos una oposición unida en un bloque que hacia mucho no se veía en el Congreso y que conformaron partidos tradicionalmente enemigos entre sí, pero hoy unidos en una causa común. Es interesante observar en el desarrollo y en la evolución de los gobiernos democráticos en qué momento se constituyen bloques opositores unidos y porqué estos bloques suelen ser el antecedente de cambios profundos en los países. Si observamos el fenómeno de la oposición unida este generalmente se presenta frente a gobiernos dictatoriales. Desde luego no es el caso de México que mantiene un gobierno constitucional de origen democrático. Por ello llama la atención que los bloques de oposición se conformen frente a un gobierno constitucional.
Aquí vendría a modo una tercera lectura. La falta de consensos entre los grupos políticos que conforman la integración de la LXV Legislatura. No es algo inusual que las reformas constitucionales requieran un gran esfuerzo de concertación entre los partidos políticos. Cada uno ejerce así su papel como integrante y actor de la realidad política. Esa es la esencia de la discusión parlamentaria y el debate enriquece cuando es constructivo y verdaderamente analítico la propuesta analizada. Desafortunadamente, en esta administración no parece considerarse el intercambio de ideas como un elemento valioso sino la imposición a ultranza de las propuestas puestas en juego.
Si usted pudo seguir el debate en la Cámara de Diputados la intervención de los oradores estuvo plagada de descalificaciones, en algunas ocasiones de insultos, desde luego con alusiones personales las cuales algunas merecerían hasta la posibilidad de presentar denuncias de hechos por parte de los ofendidos cuestión que por lo general nunca ocurre porque ya nos hemos acostumbrado a este nivel de discusión en las cámaras.
Infortunadamente, el partido del gobierno ha entendido la frase del presidente de la Republica de no mover una coma a los proyectos presidenciales como sinónimo de una actitud intransigente de ir por todo o nada y con ello anular el debate parlamentario que es la esencia de toda representación popular. Desconocemos desde luego si este es un mensaje real o es simplemente una expresión coloquial como muchas de las que utiliza el titular del Ejecutivo. Lo cierto es que el Congreso se encuentra polarizado y las discusiones en consecuencia no podrán prosperar si se mantiene este criterio de ubicarse en posiciones irreductibles.
Ahora bien, ¿cuál es el criterio de fondo que anima al bloque opositor para oponerse a la reforma? Mas allá de las discusiones y de los epítetos descalificadores existen argumentos de interés que tienen que ver con la firma del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y que no permiten modificaciones tan amplias a las leyes locales y menos a la Constitución aun en ejercicio de la soberanía nacional. Este argumento no es menor pues parte de la base del reconocimiento de los compromisos internacionales que México ha adoptado como estado soberano y que desde luego está obligado a respetar.
Sin que pretendamos proyectar un sesgo partidista, consideramos que destaca por su objetividad y precisión técnica la intervención del diputado priista por el Estado de Nuevo León Idelfonso Guajardo Villareal, ex negociador del T-MEC y que probablemente nos dio uno de los más claros e imparciales argumentos del porqué no resultaba propicio votar en favor de la iniciativa presidencial que más allá de estar de acuerdo con él o no, merecía un análisis ponderado y una valoración de argumentos más justa. Ya sabemos que nada de eso sucedió.
Esencialmente el diputado Guajardo[2] sostuvo que, al firmar un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, nuestro país estableció nuevas reglas de juego de carácter comercial (pues esa es la esencia del T-MEC) reglas que no pueden modificarse sin el consenso de nuestros socios comerciales. Esta es una verdad inobjetable porque nuestros tratados internacionales tienen una jerarquía de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Así, los inversionistas privados que hubiesen sido afectados por la reforma constitucional tendrían derecho a acudir al arbitraje internacional situación que la reforma no contempló y que costaría a nuestro país mas de 30 mil millones de dólares, conservadoramente. Además, al cambiar las reglas del juego los países afectados pueden respondernos con la imposición de arancelen sobre productos hoy no gravados como resultado del T-MEC y que para México tienen una importancia fundamental en el equilibrio económico, hablamos del sector automotriz, del sector manufacturero e inclusive del sector agrícola, por citar solamente algunos.
Creemos que intervenciones como a la que hemos aludido debieron ser analizadas no en un debate de descalificaciones, sino en un ambiente de ideas y propuestas. Consolidar un estado democrático es sin duda una labor que todavía nos va a llevar años y que requiere una profunda vocación de servicio y de real compromiso con el país. No permitamos como sociedad que las descalificaciones sean la pauta de la discusión. O, dicho de otra forma, ¿usted llamaría traidor a la patria a quien en un debate parlamentario sostiene con argumentos una posición contraria a la suya? Yo, francamente no.
Fuentes de consulta:
[1] Para más información se sugiere visitar la página de la propia Comisión Federal de Electricidad en la cual se ha comentado con más detalle los pormenores sobre los de la reforma: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2336
[2] Para conocer con mayor detalle la intervención del Diputado Guajardo recomendamos acudir a la siguiente página: https://revistafortuna.com.mx/2022/04/17/reforma-electrica-viola-el-t-mec-y-podria-derivar-en-aranceles-a-exportaciones-mexicanas-ildefonso-guajardo/
Muy oportunas e interesantes sus reflexiones Dr. Verduzco, gracias.
Excelente aportación Dr. Verduzco.
La discusión del pasado 17 de abril nos permitió ver realidades interesantes, excelentes aportaciones del Senador Guajardo que hubiese sido enriquecedor se debatieran con buenos argumentos, que importante ver que muchos ciudadanos estuvimos interesados e involucrados en el seguimiento de la sesión.