“EL PAPEL DE LA SUPREMA CORTE EN EL FUTURO INMEDIATO”
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina [1]
El pasado 2 de enero, como ha sido de manera abundante expuesto en los medios de comunicación, fue electa como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Se trata de la primera mujer en ocupar este cargo en los 198 años que existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial Federal en México[2]. Es esta, sin duda, una noticia que vale la pena destacar.
Aun cuando el propósito de esta colaboración no es analizar el contexto en que se produjo la elección, tema que también ha sido ampliamente comentado a partir de la situación personal que está enfrentando la ministra Yasmín Esquivel Mossa, habría que apuntar que, pretendiendo descalificar a una ministra para ocupar la presidencia de la Corte se ha abierto un galimatías de proporciones todavía desconocidas no solamente hacia la Universidad Nacional Autónoma de México sino a muchas otras instituciones de educación superior del país que mantuvieron por muchos años como única opción de titulación en el nivel licenciatura la formulación de un trabajo escrito al culminar el ciclo escolarizado. La tesis profesional.
Reiteramos, será materia de otra colaboración abordar un poco más este punto no desde la perspectiva de la elección del presidente de la Corte, sino desde un matiz académico y de responsabilidad personal que como sociedad a todos nos importa cuidar y preservar.[3]
Por ahora regresemos al propósito de este articulo y abordemos los retos que en el presente año tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, un breve perfil de la mueva presidente. La ministra Piña es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM con una amplísima trayectoria en el Poder Judicial Federal. Esta es una primera definición no menor de lo que puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos cuatro años pues estará encabezada por una profesional del Derecho formada en la carrera judicial a diferencia del ministro Arturo Zaldívar cuya trayectoria profesional fue, antes de llegar a la Corte, básicamente académica y como abogado postulante. La ministra Piña basa su trayectoria profesional en una sostenida carrera judicial habiendo sido primero Juez en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos de 1998 a 2000 y en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el 2000 y después magistrada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito desde 2015 año en que fue electa miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto.
La elección de la ministra Piña generó en el presidente de la Republica una primera reacción de, digamos, cierta desilusión. Con ella, dijo, no será fácil encontrar eco en sus propuestas de reformas legislativas, pues se trata de una ministra que ha votado constantemente en contra la mayoría de las propuestas enviadas por la actual administración. Sin embargo, es pertinente aclarar que el sentido de sus votos puede ser consultados en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llevarnos a formar una opinión respecto de cada uno de los asuntos resueltos. A la elección de la ministra Piña se suman la de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán que encabezarán la Primera y la Segunda Sala de la Corte y que como la ministra Piña también se trata de profesionales formados en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia, pues, estará encabezada en sus niveles más altos por juzgadores de carrera jurisdiccional. Creemos que este es un punto a favor de la independencia del Poder judicial pues ya hacia falta la presencia de juzgadores que puedan reconocer desde dentro la compleja labor que representa el ser jueces en el más alto nivel de decisión en nuestro país.
Ocupar el cargo de presidente de la Suprema Corte es desde luego, una responsabilidad de la más alta importancia en cualquier país que preserve su Estado de Derecho como eje del equilibrio político y social. En manos de la nueva ministra presidente se deposita un arma muy poderosa de orden constitucional de tal manera que quien encabeza este poder asume la responsabilidad estratégica de jugar un papel de contrapeso importante para contener cualquier abuso de poder que provenga de los otros poderes autónomos.
Ahora, será el momento en que podremos atestiguar, si la Ministra Piña llegará o no a tener la capacidad política y de interlocución con el presidente de la República y con el Congreso de la Unión, para impulsar los cambios que el propio Poder Judicial de la Federación necesita para cumplir el mandato que tiene encomendado o, simple y sencillamente, en función de las amenazas que lanza el propio presidente por las mañanas, para asegurar su supervivencia.
Los próximos años tendrán una especial significación en el desarrollo de varias cuestiones de importancia nacional. La Corte no puede estar ajena. Analicemos los siguientes:
Sin duda el tema más caliente con el que la nueva presidenta será “calibrada” es el llamado plan B a las leyes electorales que impulsó el presidente de la republica una vez que fracasó en su intento de modificar el texto constitucional. Pero cuidado. El hecho de que la Suprema Corte intervenga no garantiza por definición que dichas leyes sean revocadas, modificadas o anuladas. Todo ello dependerá de la claridad con que se expongan los argumentos, los razonamientos jurídicos y las conclusiones que permitan y justifiquen la intervención del Alto Tribunal Constitucional en la modificación o reconocimiento de la inconstitucionalidad de dichas leyes. Desde luego, este será el tema de discusión publica mas importante que veremos en los próximos meses en cara de la elección presidencial del año 2024 pues es seguro que en cuanto dichas leyes sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación se preparen diversas acciones de inconstitucionalidad en términos de lo previsto por la fracción II del articulo 105 de nuestra Constitución las que deberán ser resueltas durante el primer semestre de 2023.
Sin embargo, no es el único tema que la Corte tiene pendiente y que incide en amplios sectores de la sociedad. Otra cuestión de discusión álgida será la aprobación del uso lúdico de la marihuana. Hasta ahora, la Corte se ha pronunciado por permitir su uso únicamente para efectos terapéuticos, pero se ha resistido a permitir de manera general su uso lúdico. Modificar este principio punitivo de castigar a quien consume marihuana por el simple gusto de hacerlo representa un cambio de paradigma muy importante en la sociedad mexicana pues no solamente habría que pensar en que la permisión del consumo se convierta en una actividad legal, sino que plantíos en donde se ha tradicionalmente cultivado este enervante se consideren espacios legales para su producción. Además, las leyes fiscales probablemente se encarguen de establecer nuevas cargas tributarias a quienes la produzcan y la consuman. Entonces, estamos frente a una definición que cambiara nuestra manera de ver la vida común.
Pero, frente a estos dos pronunciamientos estrictamente de interpretación constitucional jurídica hay un tema de percepción ciudadana que quizá resulte mas importante garantizar. La independencia del poder judicial frente al poder ejecutivo. La presidencia del ministro Arturo Zaldívar se vio en ciertos momentos avasallada por la fuerte presión que ah ejercido el presidente de la republica pretendiendo forzar resoluciones de la Corte acordes a su visión personal de gobierno. Aunque no es el único jefe de estado que ha presionado a la Corte buscando que las resoluciones judiciales fuesen acordes a su visión de gobierno, la realidad es que en esta administración el presidente de la Republica ha sido poco cuidadoso en manifestarse respecto al papel de la Corte orientando o pretendiendo orientar su visión de país y tratando de influir en las resoluciones judiciales mas importantes. Recordemos la intención de mantener al propio Arturo Zaldívar hasta 2024 porque el a decir del presidente era el único ministro que podría garantizar los cambios que el país requería. Por fortuna dicha intentona se freno y todo quedo en una anécdota no muy afortunada para el ministro Zaldívar.
La trayectoria de la ministra Piña ha dejado claro que no mantiene especial concordancia en la visión de país que tiene el ejecutivo y esto desde luego lo ha expresado el presidente al señalar que con la ministra Piña probablemente no se alcancen que considera el Poder Judicial debe garantizar. El papel del Poder Judicial es el de contrapeso en un régimen Federal garantizar su independencia no indica prever un conflicto en los otros poderes sino marcar una ruta permanente de respeto al Estado de Derecho.
Los próximos meses comenzaremos a ver los cambios en el Poder Judicial los que deseamos fortalezcan el respeto a nuestras instituciones y refuercen la necesidad de mantener como eje de nuestras acciones cotidianas un Estado de Derecho fuerte claro y respetuoso de los derechos de las personas.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
[1] Vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Doctor en Derecho. Profesor por oposición a la catedra de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Derecho Fiscal en la Universidad Pontifica de México. Miembro del Claustro de Profesores del Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Miembro Numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Miembro del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Abogado Postulante.
[2] Como resultado de la primera Constitución Federal que tuvo nuestro país en 1824, resultaba necesario contar con una Suprema Corte de Justicia para garantizar el justo equilibrio de poderes. En consecuencia, resultaba fundamental constituir un Poder Judicial fuerte e independiente, al estilo de la Corte Suprema Estadounidense que ya para entonces operaba con plena libertad y ajena a las decisiones del presidente. Más información puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v48n142/v48n142a21.pdf
[3] Ya la Universidad Nacional Autónoma de México señalo que todo indica que la tesis de la ministra no fue originalmente escrita por ella. Sin embargo, la discusión y los efectos del supuesto plagio cometido por la entonces alumna Esquivel Mossa apenas están por empezar.
