Al Derecho y al Revés

La importancia del Estado de Derecho en la consolidación de los estados democráticos

Por el Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

La segunda mitad del siglo XVIII, particularmente en Europa occidental, se caracterizó como una época de cambios radicales y definitorios de las estructuras de organización política hasta entonces conocidas dando paso así a profundas transformaciones sociales cuyo germen fue la exaltación del individuo como el centro de las decisiones políticas reconociendo el origen de la soberanía popular como el elemento crucial que desde entonces ha dado forma al Estado moderno. Esta vorágine de razón colectiva dio como resultado, entre otras cosas, el nacimiento de los nuevos estados constitucionales como organizaciones políticas de raíces profundamente democráticas, regidos por un instrumento normativo fundamental que desde su origen reconoce derechos de los gobernados, designa a los poderes que ejercen las funciones básicas del Estado, pone límites al ejercicio e interacción de estos y permite el reconocimiento de los fenómenos sociales para reconocerlos y de esta forma actualizar el sentido de la norma jurídica como el instrumento fundante de todo el sistema normativo nacional. Hablamos desde luego de la Constitución.

Tanto la lucha que protagonizaron los colonos ingleses para consumar la independencia de los Estados Unidos como las ideas que sostuvo la ilustración francesa y que culminaron con la revolución de 1789, serían movimientos sociales que posiblemente habrían quedado perdidos en el tiempo sino hubieran dejado como testimonio de aquellas batallas un documento propio y genuino que en cada caso reflejara cabalmente los anhelos revolucionarios que justificaron las nuevas estructuras de poder político fundadas en un basamento jurídico inamovible que hoy es regla de organización social prácticamente en todos los estados democráticos del mundo. Un instrumento al que Ferdinand Lassalle calificó como solemne y especial.[1] Esa es, en suma, la relevancia de la constitución en la formación y en la estructura de los estados modernos.

Sin embargo, la constitución por sí sola no puede generar la estabilidad del Estado ni garantizar su vigencia plena o su permanencia en el tiempo. Es preciso dotarla de elementos que la interpreten cuando sea preciso hacerlo, que garanticen su eficiencia y sobre todo que generen límites al ejercicio de los poderes constituidos mediante diversos esquemas jurídicos que diseñen y mantengan vigentes los pesos y contrapesos propios del ejercicio natural del poder del Estado reconociendo que solamente mediante un orden jurídico estable y respetado puede mantenerse, actualizarse y sobre todo preservarse a la constitución como el elemento esencial que provee seguridad y confianza a la comunidad.

De esta forma, la constitución normativa es el instrumento natural con el que el Estado democrático se permite a sí mismo el reconocimiento de los fenómenos que transforman la realidad social para convertirlos en principios constitucionales que mediante la generación de leyes regulan y definen la estabilidad y progreso de la sociedad.  A esta labor de naturaleza predominantemente legislativa, pero también jurisdiccional y de respeto en el ejercicio de las facultades que concede la ley a los actores administrativos, le llamamos de manera general el Estado de Derecho.

Para dar contexto a la expresión Estado de Derecho debemos partir de una idea básica. El Estado de Derecho implica el reconocimiento de la interacción de los poderes públicos frente al respeto que estos deben en su ejercicio a los derechos de las personas comunes. A partir de reconocer este principio fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas, es claro que fortalecer la figura del Estado de Derecho en los gobiernos constitucionales debe ser un objetivo prioritario de la sociedad pero también de su gobierno pues la justa distribución del ejercicio del poder y las libertades ciudadanas facilitan el que la sociedad civil fortalezca la idea de que el Estado es el garante y el guardia de las libertades y de los derechos más preciados del ser humano y que es a través del Estado que estos se mantienen vigentes, se fortalecen y se consolidan en una actividad permanente de respeto entre gobierno y sociedad.

De esta manera, fortalecer al Estado de Derecho significa reconocer y replantear conforme a la realidad social los elementos que lo definen y lo legitiman ante los ciudadanos. Hablamos entonces de aquellos Estados cuyos órganos e individuos se encuentran regidos por el Derecho y sometidos a una estructura normativa general. Así, el Estado de Derecho por definición se opone a todo poder arbitrario o a cualquier forma de ejercicio autoritario del poder político. De esta manera han nacido principios rectores de todo estado constitucional como la supremacía constitucional, el sometimiento de la administración a la ley y sobre todo la sujeción de los órganos estatales al imperio del derecho.[2]

Nuestra Constitución establece en su artículo 40 la forma de Estado Federal como eje de nuestra organización política y jurídica. Esta disposición debe observarse a la luz del artículo 39 que reconoce al pueblo como el depositario natural de la soberanía.[3] Así las cosas, podemos concluir válidamente que el pueblo soberano ha decidido organizar una forma de Estado a partir de la formación de los llamados “poderes constituidos” que están regidos y limitados por la propia Constitución y por las normas que de ella derivan bajo la forma de gobierno democrática que es por definición la que mejor se ajusta a los estados federales en los que el poder se comparte y se limita conforme al mandato del legislador.

En un esquema de interacción universal hoy claramente globalizado donde la relación entre instituciones, gobiernos y economías se mezclan de una forma cada vez más significativa, la percepción que del Estado de Derecho se tenga en el exterior implica no solo para México, sino para cualquier país inmerso en economías globalizadas un elemento clave que debe ser meticulosamente observado porque puede convertirse en el factor que permita detonar o detener el desarrollo económico de toda una nación. Y es que, entre mejor se perciba el Estado de Derecho, mejores serán las oportunidades de crecimiento económico. De esto cada vez hay menos dudas.

Por ello, es interesante observar el contenido del documento publicado bajo el auspicio de World Justice Project (WJP)[4] en el año 2020 cuyo eje rector es la percepción que tiene la sociedad de 128 naciones consultadas acerca del respeto que consideran guardan los gobiernos de sus respectivos países al Estado de Derecho. La información es el resultado de diversos tópicos aplicados conforme a una encuesta idéntica que representan la apreciación general de ciudadanos, empresarios y actores políticos sobre el tema. Consideramos importante comentar lo siguiente:

Tomando en cuenta que 1.0 representa la calificación más alta posible, los primeros 5 lugares lo ocupan Dinamarca (0.90), Noruega (0.89), Finlandia (0.87), Suecia (0.86) y Países Bajos (0.84), mientras que en los últimos lugares aparecen Camerún (0.36), Egipto (0.36), República Democrática del Congo (0.34), Camboya (0.33) y Venezuela (0.27). Es fácil advertir que los países mejor calificados lo son también los que poseen economías mejor desarrolladas, mayor acceso a servicios públicos y cuentan con instituciones democráticas consolidadas. Por el contrario, los países evaluados con baja apreciación social son aquellos en los que el gobierno se percibe más bien autocrático[5], menos propenso a fortalecer la democracia y cuyas administraciones se alejan de la percepción de respeto a la pluralidad que caracteriza a los países que ocupan lugares más altos en la calificación general.

En el índice global, México ocupa el lugar 104 con una puntuación de 0.44, más cercano, desafortunadamente, de los países con menor calificación y distante inclusive de aquellos ubicados en la media como serían entre otros, Jamaica (lugar 49 con 0.57 puntos), Trinidad y Tobago (lugar 55 con 0.54 puntos) o Panamá (lugar 63 con 0.52 puntos), por citar naciones próximas a nuestro entorno geográfico y de las que claramente podemos observar un menor desarrollo económico que el nuestro. De acuerdo con WJP, México descendió tres lugares respecto a su posición anterior. Este, desde luego no es un tema menor y debe ser analizado con cuidado y apertura por todos los sectores sociales y políticos involucrados en promover el desarrollo nacional. Veamos por qué.

La encuesta está diseñada sobre un entorno general que busca expresar de una forma más o menos neutral el estado de conocimiento y sensibilidad social hacia factores de consulta muy específicos. De ahí lo interesante y actual de los temas que la conforman, toda vez que se trata de cuestiones que pueden objetivamente ser advertidas en sociedades muy disímbolas tanto en cultura como en integración social. Como resultado, México se ubica en temas específicos de la siguiente manera: Derechos fundamentales, lugar 78 con 0.52 puntos; Límites al poder gubernamental, lugar 89 con 0.46 puntos; Cumplimiento regulatorio, lugar 91 con 0.45 puntos; Justicia civil, lugar 116 con 0.39 puntos; Orden y seguridad, lugar 121 con 0.53 puntos y Ausencia de corrupción, lugar 121 con 0.27 puntos, entre otros factores consultados. Creemos que los números hablan por sí mismos.

Si consideramos que el Estado de Derecho hoy, se percibe como el resultado de una serie de relaciones ciudadano–gobierno, y que estas por definición resultan variadas y multifacéticas, es claro que cada sector de la sociedad enfrenta retos particulares y espera respuestas distintas de los gobiernos a los que ha elegido en procesos, pensaríamos, con raíces democráticas. Sin embargo, podemos afirmar que, con independencia de nuestra forma de percibir al gobierno en turno, un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege de manera constante a los ciudadanos y busca de forma efectiva combatir la pobreza y abatir las desigualdades sociales. Es claro que en sociedades modernas el Estado sometido al imperio de la ley promueve la igualdad, crea oportunidades y rinde cuentas sobre el uso correcto de los recursos que se allega. Nada más lejano a la realidad es pensar como suficiente la actividad de gobierno que formula leyes que responden a coyunturas políticas o que promueve reformas, las más de las veces de rango constitucional que se consideran necesarias porque así lo estima el gobernante pero que no están ni diseñadas ni pensadas para el futuro. Se requiere crear un entorno jurídico que aliente el crecimiento de la inversión productiva, que genere un clima de respeto a los derechos humanos en que se privilegie la igualdad y el respeto de las mujeres y los niños, que mantenga  intactos los límites al ejercicio de los poderes y que permita que los pesos y contrapesos constitucionales funcionen sin interferencia o invasión de competencias entre sí porque ello es parte esencial del desarrollo y la consolidación de un estado democrático.

Así, fortalecer el Estado de Derecho es otorgar certeza y realidad a los afanes más sentidos de la sociedad. Creemos que el esfuerzo organizado de todos los sectores que la conforman nos permitirá alcanzar el anhelo de respeto irrestricto al orden social en donde se conserva al derecho como eje y guía para la construcción y la consolidación de los valores democráticos que toda sociedad precisa para crecer y engrandecerse al futuro.

 

 

[1] En el texto ¿Qué es una constitución?, Lassalle no solamente abarca el equilibrio de los factores reales de poder, sino la significación que, en las sociedades occidentales, particularmente europeas, comenzó a tener la llamada constitución normativa como documento que sustituyó al concepto ley fundamental medieval. El texto a pesar de haber sido escrito en el año 1862 nos parece que sigue estando vigente, por lo que recomendamos su lectura obligada misma que puede consultarse en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2284/5.pdf

 

[2] Cfr. Orozco Hernández J Jesús voz Estado de Derecho en Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México 2011, volumen D-H, p. 1564.

[3]Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

[4] World Justice Project (WJP) es una organización independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Para ésta organización, el concepto “Estado de Derecho” trasciende fronteras, y se refiere a un sistema de gobernanza en el que se cumplen cuatro principios universales: i) rendición de cuentas, ii) leyes justas, iii) gobierno abierto, y iv) mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Más información sobre WJP puede consultarse en su página web: https://worldjusticeproject.org/

[5] Para el Diccionario de la Real Academia Española la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. https://dle.rae.es/autocracia.