Xalapa, Ver.- El Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz aprobó los Informes de Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2022, una medida que busca promover la transparencia y llamar a rendir cuentas. Tras la revisión exhaustiva, se destacan irregularidades administrativas y hallazgos de daño patrimonial en algunos entes fiscalizables.
En una sesión extraordinaria, después de los posicionamientos de los distintos partidos políticos, se procedió a la votación, que arrojó 36 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.
En el documento, la Comisión de Vigilancia expone que, en cumplimiento con las normas legales, remitió al Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) la Cuenta Pública 2022 correspondiente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, Universidad Veracruzana (UV), Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del estado, municipios y entidades paramunicipales, para que procediera a la revisión y posterior entrega del Informe a esta Soberanía. Asimismo, destaca que el Orfis remitió, en el plazo legal, los informes de fiscalización superior, como conclusión del procedimiento.
De acuerdo con el dictamen y derivado de la auditoría financiera, para el caso de la Cuenta Pública consolidada del Poder Ejecutivo no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
En la revisión, para el caso del Poder Ejecutivo, en 13 dependencias, 21 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos no se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo.
Además, de las auditorías financiera y/o técnica a la obra pública, se determinó un presunto daño patrimonial en dos dependencias (Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca) y 28 organismos públicos descentralizados por un total de 161 millones 952 mil 891 pesos.
En el caso del Poder Judicial, se detectaron inconsistencias administrativas en los tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y del Consejo de la Judicatura, además, en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
Respecto a los organismos autónomos, previstos en el Artículo 67 constitucional, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y el Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEV) reportaron únicamente inconsistencias de carácter administrativo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que fue subrogado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), resultaron con inconsistencias de carácter administrativo que dieron a lugar a recomendaciones, tras las auditorías financieras y técnicas.
La UV registró un presunto daño patrimonial por 4 millones 643 mil 744 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
El dictamen puntualiza que, derivado de las auditorías financiera y técnica a la obra pública, en 195 municipios se detectaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 1 mil 305 millones 891 mil 261 pesos.
En cuanto a los resultados derivados de las auditorías y revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, en un total de 207 municipios no se detectaron irregularidades en la actuación de los servidores y/o ex servidores públicos, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones y en 5 municipios se advierten observaciones por un monto de 42 millones 719 mil 988 pesos que adquieren el carácter de irregularidades en la actuación de los servidores o exservidores públicos que pudieran representar un daño patrimonial a la hacienda municipal.
Por último, se instruyó al Orfis que, una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, otorgue el derecho de audiencia a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del órgano, a efecto de que los involucrados puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Posicionamientos
En primer término, por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Rafael Fararoni Magaña aseguró que la Comisión de Vigilancia ha sido responsable de una fiscalización ajena a compromisos políticos o de grupo, actuando con objetividad y eficiencia, por lo que las y los veracruzanos “pueden tener la seguridad de que se trata de una Cuenta Pública confiable y transparente”.
La diputada Verónica Pulido Herrera, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la información se presenta a cuentagotas y acotada, por lo que los diputados no están al tanto de cómo se ejerce el dinero público, por lo que pidió una comunicación con todas las fuerzas políticas y no solo con la comisión de Vigilancia, “corresponde a todo el Congreso”.
Reprochó que la comisión de Vigilancia monopoliza la información, relegando a las minorías que no saben nada del Orfis hasta que se presenta el informe, sin comunicación, ni información de cómo se gasta lo que se aprueba cada año.
Por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Marlon Ramírez Marín adelantó su voto en contra y cuestionó el hecho de que él detectó una red de empresas fantasma y en la cuenta pública, que revisó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no observó la asignación de contratos a una red de 50 empresas.
Con información AVC/Redacción
