Xalapa.- El Congreso Local tiene facultades para rescindir el contrato al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó distintas irregularidades en el organismo que surte de agua potable a pobladores de Veracruz puerto y Medellín de Bravo; asimismo, se detectaron irregularidades en el funcionamiento del Instituto Metropolitano del Agua (IMA).
Al respecto, la auditora general Delia González Cobos, dijo que los resultados de la auditoría especial que aplicó el Orfis evidencian que el grupo fue constituido sin cumplir con la Ley, aunado al manejo irregular de recursos y el mal servicio a los ciudadanos.
Aseguró que, sin duda, el Congreso del Estado puede proceder con la anulación de la concesión. “Por supuesto (puede anular la concesión) y si requiriera algo más nosotros estamos puestísimos para apoyar en todo y darle solución; ya no podemos seguir manteniendo órganos que lo único que hacen es medrar y desviar los recursos… obviamente que hay una situación irregular ahí y que todavía no se resuelve”.
No obstante, destacó que hasta ahora los diputados de la Comisión de Vigilancia no se han pronunciado con respecto al informe especial de Grupo MAS, el cual señala que en 2019 operó sin certificación de la Secretaría de Salud y cometió diversas irregularidades permitidas por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), las cuales costaron más de 52 millones de pesos a Veracruz y Medellín de Bravo en 2019
El Instituto está a cargo de vigilar el correcto servicio en ambos municipios, sin embargo, también se encontró que está constituido irregularmente.
La auditoría reveló que se ocultó información financiera en el organismo y el mal cuidado que el IMA realiza a los recursos públicos federales originó que se regresaran a la Tesorería de la Federación 26 millones 160 mil 421 pesos, aunque ambos municipios podrían haber obtenido 52 millones 320 mil 842 pesos en total.
El IMA tampoco ha logrado el desarrollo y crecimiento de infraestructura como lo estipula la concesión al Grupo MAS, registrando pagos irregulares de permisionarios. Las anomalías recaen en el director Francisco García Barradas, quien no pudo solventar las observaciones del ente fiscalizador.
Dicho funcionario no dio cabal cumplimiento a todas sus funciones enunciadas en el Manual General de Organización del Instituto, pese a que el Consejo Consultivo Ciudadano cuenta con la participación de los alcaldes de Veracruz y Medellín de Bravo, así como de 6 consejeros ciudadanos.
En cuanto al reintegro de recursos, concretamente el director general del IMA no instruyó que se procediera al registro de Ingreso Devengado y Gasto Comprometido de programas federales, lo que dio como resultado que el Instituto haya reintegrado a la Tesorería de la Federación la cantidad de 26 millones 160 mil 421 pesos.
Linda Mora
