Xalapa, Ver. – El diputado local, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, anunció la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla que encabeza María Elena Solana Calzada, por negarse a entregar documentación sobre el manejo de los recursos públicos.
«Es inadmisible en la administración pública moderna, no puede tolerarse a ningún ente fiscalizable. Las auditorías no son al gusto de la autoridad auditada, sino que son de cumplimiento obligatorio».
Fararoni Magaña, quién es presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, dejó en claro que transparentar el uso de los recursos públicos es mandato constitucional.
«Imagínate que le vamos a andar preguntando a los ayuntamientos que si quieren ser auditados y que nos contesten que ahorita no, gracias, como si rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos públicos no fuera un mandato Constitucional».
En ese sentido, dijo que el Congreso del Estado no será cómplice, tapadera ni «alcahuete» de ningún tipo de corrupción, «y que nuestro compromiso con la fiscalización de los recursos públicos no admite consideraciones políticas», concluyó.
Linda Mora