Uriel Flores Aguayo
En términos generales se sabe lo qué pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Tanto la llamada verdad histórica como el informe más reciente coinciden en lo fundamental. Las diferencias principales tienen que ver con el sitio de la desaparición de los jóvenes y el alcance de las órdenes de aprehensión. Se afirmó en un principio que habían sido cremados en un sitio específicamente, ahora se plantea que pudo haber sido en varios lugares. Desde los primeros días posteriores a esos sangrientos hechos hubo una ola de aprehensiones de autores intelectuales y materiales de la matanza entre sicarios y policías municipales; ahora se pretende detener a militares. Más como conclusión verbal y manejo mediático se afirma que se trató de un crimen de Estado. Sin duda algo hay de eso, pero no se señalan responsabilidades al jefe de Estado de esos tiempos: Enrique Peña Nieto. Por tanto hay una contradicción y obvio sesgo político. Hay elementos para sostener esa tesis si se focaliza la intervención de agentes del Estado en términos regionales; no es claro ni lógico que las responsabilidades directas lleguen a las cabezas de los poderes y órganos del Estado .
Todo indica que Iguala y su periferia estaban controladas por bandas del narcotráfico, que se regía por otro poder, con manejo político, social y económico. Recuérdese que el Alcalde de entonces y su esposa están en la cárcel por acusaciones de narcotráfico y asesinato. Todos sabían y todos ganaban con el control narco de la ciudad y sus alrededores. Es la clásica levedad del mal. Entre el miedo, los beneficios y las torpezas se generó un ambiente de terror contra los estudiantes cuya estancia en Iguala no está plenamente justificada. De alguna forma el radicalismo ideológico de la Normal de Ayotzinapa se pagó con la vida de los jóvenes; jugar a la revolución en medio de grupos mafiosos tuvo un desenlace fatal.
En estos días se conocen noticias que indican una realidad similar o peor a la del 2014, fechas de los crímenes, en Iguala. Sometimiento extremo del Narco cuyo poder le permite fijar precios de productos básicos como el pollo y cobrar extorsiones. Eso no ha cambiado. Es lo de fondo. La sociedad sigue como rehén de las mafias. Ante esa situación los gobiernos son omisos, no hay un compromiso riguroso con el Estado de Derecho. Hay mucha simulación y evasivas a una realidad atroz; no quieren que se manche su mundo político color de rosa. Es fundamental esclarecer los asesinatos de Iguala, que haya justicia, pero también que se intervenga enérgicamente para que prevalezca la legalidad y la seguridad ciudadana. Sin eso, más temprano que tarde volverá a darse otra masacre. Si el gobierno federal deja hacer y deja pasar, será responsable pleno de que corra la sangre.
Lo qué pasó en Iguala también ha ocurrido en otras zonas de nuestro país donde el dominio narco se consolidó ante la ausencia del Estado. Por las noticias podemos ver que hechos similares a masacres y control narco está extendido en México, sin que el gobierno federal tenga una política seria y coherente al respecto. Hay la impresión de que desde la Presidencia de la República se decidió dejar hacer y dejar pasar para no manchar su proyecto político, lleno de poses y grandilocuencia. Optaron por vivir en su burbuja ideal. Dejaron a la sociedad a merced de los poderes mafiosos. Sin voluntad ni compromiso con la legalidad da igual si la guardia se adscribe a la SEDENA o no. Urge una política real de seguridad y el involucramiento de la sociedad en su evaluación y seguimiento.
Recadito: hace falta mucho más para mantener y mejorar las áreas verdes de Xalapa.
