Xalapa, Ver.- Diana Valeria Rivera Jaimes una joven de 23 años inició su empresa en enero del 2019 en plena pandemia del Covid-19, un año después había ganado su primer contrato por seis millones de pesos para distribuir más de 200 muebles de oficina al Poder Judicial Veracruz.
Su caso es uno de los sospechosos de ser empresas fantasma o fachada contratadas por el Poder Judicial, según el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Ávila quien pidió revisar los contratos firmados por el Poder Judicial ante el riesgo de que se repita el esquema del ex gobernador Javier Duarte.
¿Quién es Diana Rivera?
Según el contrato 011/2020 de la licitación LS-PJE/11/2020 fue en el mes de noviembre de 2020, en pleno confinamiento por el virus del Covid 19, cuando se lanzó la licitación simple para adquirir muebles de oficina a solo un mes de concluir el ejercicio fiscal.
La autorización de la compra se dio el 26 de noviembre del 2020, cuando el Consejo de la Judicatura autorizó la compra de mobiliario y equipo de oficina, que son utilizados para desarrollar las labores que le son inherentes a los órganos jurisdiccionales y administrativos.
La compra se realizó en diciembre del 2020, y desde marzo de ese mismo año, trabajadores del Poder Judicial se encontraban laborando desde casa, a consecuencia del confinamiento por el virus SARS CoV-2. Solo acudían en guardias a los juzgados.
La modalidad para la compra de los bienes fue licitación simple, por el monto de la compra, y para el seis de diciembre del 2020 ya se sabía que sería Diana Valeria Rivera Jaimes la encargada de surtir los bienes muebles al Poder Judicial.
Según el Registro Federal de Contribuyentes, Diana Valeria tiene 23 años y se dio de alta como contribuyente el 10 de enero del 2019, apenas dos meses después de que inició la administración de Morena. Se registró como la proveedora 485 del Poder Judicial.
Al momento de la firma del contrato 011/2020 la joven declaró que tenía como domicilio fiscal el municipio de Martínez de la Torre, aunque ella es originaria de Emiliano Zapata, según un acta que tramitó en octubre del 2020.
La cuenta bancaria en la que recibió el pago del Poder Judicial se aperturó en una sucursal bancaria de Xalapa, Veracruz.
La joven se dio de alta como proveedora de equipo y accesorios de cómputo, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio, comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca, comercio de maquinaria e industria manufacturera, comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina.
Según el contrato Diana Valeria debía entregar 100 muebles en las bodegas del Poder Judicial en la capital del Estado. El primer lote de los muebles se debía llevar al almacén ubicado en la Reserva Territorial, y otro equipo se entregó en Santiago Bonilla, en la colonia Obrero Campesina.
La joven, que tenía su empresa en Martínez de la Torre, a más de 120 kilómetros (2 horas de viaje en auto) se comprometió a la entrega de 100 anaqueles metálicos; 120 archiveros laterales; 60 archiveros verticales.
Además: 45 pedestales metálicos de dos cajones; 10 libreros verticales; cinco credenza con pedestal; 15 módulos en C autosustentables; 25 módulos L con mesa frontal y lateral; 35 escritorios sin pedestal; 30 mesas de trabajo; 30 sillones con respaldo alto imitación piel; 30 más de respaldo alto; 180 sillas secretarial; 150 sillas fijas; 30 bancas de tres plazas, 10 mesas redondas de juntas y 60 mesas multiusos metálicas.
En un segundo lote: se pidieron cinco sillas sin brazos; cinco escritorio secretarial básico; 50 archiveros metálicos y 2 anaqueles.
El costo de los muebles de oficina fue de cinco millones 831 mil pesos; el IVA fue de 933 pesos; por lo que el pago final fue de 6 millones 764 mil pesos.
Según los datos que entregó al Poder Judicial su domicilio fiscal era: Calle Fernando Gutiérrez Barrios número 104; en la Colonia Villa Rica de Martínez de la Torre.
Meses antes, en mayo del 2020, Diana Valeria Rivera, con el mismo Registro Federal de Contribuyentes logró un contrato de 48 mil pesos por la venta de 300 caretas protectoras a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno.
La factura de la compra venta, detalla que la joven está inscrita en el padrón de proveedores de la Sefiplan con el número 29 mil 62; sin embargo, ante dicha dependencia reportó como domicilio fiscal la calle 10 de Mayo, en la comunidad de Tuzamapan, en el municipio de Coatepec, a 136 kilómetros de Martínez de la Torre, municipio en el que se instaló seis meses después.
La petición del diputado Ramón Díaz Ávila, que recibió el respaldo de diputados del PAN, MC, y Morena, tiene por objetivo que tanto el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)puedan hacer una revisión de los proveedores del Poder Judicial, incluso, analizar si algún funcionario del TSJE se ha enriquecido.
Con información de AVC
