¿ANTE LA RECESIÓN SE PUEDEN GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS?
Por el Dr. Carlos Javier Verduzco Reina
El ciclo de las finanzas públicas nacionales comprende una serie de acciones cuyo origen nace de la propia Constitución y se repite incesantemente. Y es que la norma fundamental regula de manera precisa las facultades que en esta materia el constituyente confirió tanto al Presidente de la República como al Congreso de la Unión para diseñar anualmente lo que la doctrina jurídica denomina “El Sistema Nacional de Contribuciones” cuyo propósito consiste en diseñar, entre otros puntos, las cargas económicas que los particulares deben absorber a costa de sus propios ingresos y ayudar así al financiamiento del gasto público, es decir, a la obra de gobierno. Este proceso financiero está conformado de 3 etapas claramente identificadas por los tiempos legislativos: A) La obtención de ingresos públicos, B) La ejecución de estos mediante su destino a través del gasto público y C) Los ejercicios de fiscalización que la Auditoria Superior de la Federación realiza para validar la correcta aplicación de los gastos del Estado. Comentemos un poco su importancia.[1]
En términos generales, hablar de finanzas públicas sanas implica que los ingresos que naturalmente se obtienen de las actividades propias del Estado sean suficientes para cubrir todos los rubros de gasto que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación[2]. Desde luego es un tema complicado y difícil de ejecutar. El gasto del Estado, al que conviene definir en primer lugar como gasto neto se conforma de dos grandes rubros: el gasto programable y el gasto no programable. En el primer grupo se concentran los rubros de gasto que el Estado debe ejercer de manera natural para dar sentido a su función como regulador del desarrollo social. Así, encontramos como gasto programable el que se destina a Servicios de Salud, Educación, Seguridad Pública o atención a los más pobres, mientras que los rubros de gasto no programable se conforman con todas las operaciones financieras que los gobiernos adquieren mediante convenios, acuerdos escritos y que conforman una buena carga presupuestaria en la ingeniería de la estructura del gasto, en este rubro se encuentra entre otros el pago de la deuda, es decir el débito público.
Es claro suponer que el diseño de las finanzas públicas busca autosuficiencia financiera a partir de los ingresos diseñados por el legislador y los límites de gasto que el propio Estado se impone. Es decir, las previsiones de ingreso deben ser reales y partir de presupuestos fácticos objetivamente alcanzables. Esto supone que el diseño de los rubros de gasto y su adecuado ejercicio se conviertan en un instrumento de justicia social y que los objetivos que se plantean desde el Plan Nacional de Desarrollo puedan alcanzarse de manera continua, permitiendo así el desarrollo y avance del país.
Sin embargo, debemos partir de una realidad: las fuentes de financiamiento de ingreso del Estado establecen una proyección estimativa que depende de una serie de factores internos y externos para convertirse en realidad. Es decir, aunque en la Ley de Ingresos de la Federación[3] se establezcan metas de recaudación expresadas en cantidades líquidas, estas no representan necesariamente una certeza absoluta de que serán recaudadas pues ello depende de las condiciones económicas de quienes deben aportarlo.
Para nadie es un secreto que la pandemia que nos ha dejado la propagación del virus SARS-CoV-2 ha impactado a todos los rubros de la economía no solamente en nuestro país. La afectación es global y profunda. El tamaño y capacidad de respuesta de las economías irán generando paulatinamente la reactivación económica. China parece empezar a superar la crisis, pero es apenas un solo ejemplo. No sucede lo mismo en otras latitudes.
En México, las empresas privadas, el pequeño comerciante, incluso el comercio informal ha resentido de manera diferente pero continua el impacto de la recesión económica[4] que se generó a partir del segundo trimestre del año 2020. Baste decir que durante el ese año nuestro país decreció en cifras oficiales[5] una estimación equivalente al 8.5 % del PIB Nacional con respecto al 2019. Este crecimiento negativo de la economía ha sido más profundo que el que se vivió durante la crisis bursátil de 1929 en Wall Street y que precedió a la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño es el impacto económico de la pandemia.
Esto significa, en términos reales, que las economías, mayormente globalizadas, no tienen en este momento la capacidad de captar recursos suficientes para poder hacer frente a todo el espectro de gastos que les representa sostener a la administración pública y todos los rubros que la conforman. Frente a este panorama, solo le quedan 3 soluciones posibles: diseñar nuevos impuestos, solicitar ampliaciones al crédito público o dejar de gastar rediseñando los sistemas de gasto público. No se advierten opciones diversas a estas.
Como sabemos, en nuestro país el Gobierno Federal ha hecho un esfuerzo notorio por reducir su gasto y con ello aprovechar mejor los recursos del Estado. No obstante, en nuestra opinión la reducción es marginal y no impacta de manera importante en un ahorro público sostenido y eficiente. Y es que no todos los rubros de gasto contribuyen al desarrollo de la Economía. A manera de ejemplo, ha sido una práctica común en México el diseño de programas sociales cuyo objeto principal es atender sectores populares en estado de pobreza o marginación social que consisten básicamente en entregarles dinero sin ninguna condición o compromiso. El compromiso únicamente es del Estado. Aunque su fin es loable en el diseño de un sistema de finanzas públicas sanas habría que apuntar que apoyos económicos indiscriminados poco o nada aportan a la buena salud de la economía nacional pues se trata de recursos que terminan impactando al consumo, no a la inversión. Lo explicaremos de esta forma: la sociedad tiene dinero, pero no lo invierte, lo gasta. El origen de este ingreso son particularmente dos fuentes que no tienen retorno a la inversión, las remesas que envían nuestros connacionales de Estados Unidos y justamente los programas sociales de asistencia a millones de personas. Lo anterior no significa que las remesas o programas sociales deban ser eliminados. No podrían serlo porque son parte del esquema de justicia social que impulsa el Gobierno, sin embargo, sí debe tenerse en cuenta que los programas de gasto no fortalecen a la Economía Nacional y sí a quienes importan cada vez más mercancías a nuestro país. Parecería un contrasentido, pero al fomentar el gasto sin inversión se termina fortaleciendo a grandes consorcios extranjeros que son los que satisfacen necesidades básicas de productos a nivel popular.
Adicionalmente las finanzas del Estado enfrentan un reto aún más impredecible. El crecimiento en América del Norte de la Inflación, tema del que nos ocuparemos en próximas entregas pero que nos permitirá dimensionar el escenario que enfrentamos como sociedad para salir adelante y echar a andar a la economía nacional. En beneficio de todos, es importante estar conscientes de lo que el futuro parece depararnos.
Fuentes de consulta:
[1] Para mayor información se recomienda consultar el texto de autoría del suscrito, Derecho financiero, IURE editores. 2018
[2] Véase el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022, disponible en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/qgp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf
[3] Para mayor información, consúltese la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2022, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2022.pdf
[4] Del concepto de recesión dado por la National Bureau of Economic Research (NBER) de los Estados Unidos se define: “Que una recesión es una disminución significativa en la propagación de la actividad económica en la economía, por algunos meses, midiéndola a través del PIB real, ingresos reales, empleo, producción industrial y ventas al por mayor, y al por menor. Se ubica en un período entre un pico y una depresión, y una expansión entre una depresión y un pico. Durante una recesión, una disminución significativa de la actividad económica se extiende por toda la economía y puede durar desde unos pocos meses hasta más de un año. Durante una expansión, la actividad económica aumenta sustancialmente, se extiende por toda la economía y generalmente dura varios años.
Tanto en las recesiones como en las expansiones, pueden ocurrir breves reversiones en la actividad económica debido a que una recesión puede incluir un breve período de expansión seguido de una mayor disminución; y una expansión puede incluir un corto período de contracción seguido de un mayor crecimiento” disponible en: https://www.nber.org/research/business-cycle-dating
[5] Para su consulta en el Comunicado de Prensa Núm. 97/21 del INEGI, de Fecha 29 De Enero De 2021, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pib_eo/pib_eo2021_01.pdf
Muy interesante su artículo Doctor, estaremos pendientes de las siguientes.