Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, por lo que la LXVI Legislatura, le estaría dando entrada en su sesión virtual de este lunes.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada Cecilia Guevara, informó la recepción de la iniciativa enviada por el gobernador.
Para efectos del trámite legislativo correspondiente, esta propuesta será turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
En la iniciativa enviada al Congreso, el gobernador refiere: “Es prudente señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la derogación del artículo 331 del Código penal para el estado libre y soberano de Veracruz; no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de que un delito se realice con medios violentos como armas y explosivos, por lo que se advierte, que se dejaría un vacío legal, para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a las policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber”.
Sin embargo, precisa, «con el fin de salvaguardar los derechos humanos en la entidad y atender el punto recomendatorio sexto, se propone este proyecto a fin de dar cumplimiento a la recomendadción aceptada de manera total y en todos sus términos».
De ser aprobada, se derogarían las agravantes al delito de ultrajes a la autoridad y ya no implicaría prisión preventiva.
Cabe recordar que el artículo 331 del Código Penal señala actualmente, que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta cuarenta días de salario mínimo a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
El delito de ultrajes a la autoridad en la entidad, ha sido un tema por demás polémico, que originó incluso la división de los senadores de Morena.
Con esta medida el titular del poder ejecutivo local, estaría acatando la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de la detención de seis jóvenes en la capital del Estado y que lograron su liberación con un amparo.
La principal queja se derivó de ciudadanos que aseguraban que sin tocar siquiera a los policías, o con solo discutir con ellos, los elementos tomaban la decisión de detenerlos.
Linda Mora
